Una conversación

Los obispos católicos cumplen con su obligación al orientar a sus fieles acerca del proyecto de reforma del Estatuto, "de indudable trascendencia para la vida y para el futuro de las personas y las familias andaluzas", dice la nota de la asamblea de los Obispos del Sur sobre el Estatuto. La jerarquía católica no es muy oída por los ciudadanos, contagiados por costumbres poco católicas, casados por lo civil, o no casados, divorciados o empeñados en anular católicamente sus católicos matrimonios. Pero lo católico mantiene su función de cemento social en bautizos, bodas y entierros, los tres pilares de la vida bruta, "desde su concepción a su acabamiento natural", como dirían los obispos.

Hablan para muchos, aunque los oigan pocos. Echan de menos un deseo colectivo de reforma estatutaria, un amplio consenso entre las fuerzas políticas, como en la transición, y así coinciden con el PP, o el PP coincide con los obispos, e incluso yo coincido con ellos en este punto: una ley esencial, para todos, debería acordarse, en lo posible, entre derechas e izquierdas. Los obispos tienen razón. Lo que no entiendo, después de leer el proyecto de Estatuto, es el temor episcopal a que, apoyándose en la nueva ley, las Administraciones públicas ahoguen a la sociedad civil y nos hundan en un "totalitarismo estatalista", según la expresión episcopal.

Comparto con los obispos la idea de que el Estatuto es redundante con la Constitución en su declaración pormenorizada de derechos y deberes fundamentales. Es redundante, incluso, con algún artículo del Código Penal. Y me parece absolutamente lógico que los obispos aprovechen su "honda preocupación" estatutaria, para recordarnos la doctrina católica a favor de la familia, y contra el aborto, la eutanasia y los matrimonios entre personas del mismo sexo. El artículo 17 del nuevo Estatuto se ocupa precisamente de la protección a la familia, triple protección, "social, jurídica y económica". Pero la referencia de la propuesta a "diversas modalidades de familia" quizá haya hecho que los obispos piensen en el matrimonio homosexual y en las parejas no casadas, familias evidentemente no católicas, a las que los obispos pueden dejar de dar los sacramentos, aunque por el momento no puedan negarles la protección del Estado.

El artículo 20 garantiza a todas las personas "el derecho a vivir dignamente el proceso de su muerte", así como "el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley". No sé si esto es la eutanasia tan temida, como no sé por qué no defienden los obispos el derecho de los padres a que "sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones", tal como establece el artículo 21. Molesta a los obispos la laicidad de la enseñanza pública, pero creo que, en contra de su opinión, una enseñanza pública laica asegura que todos los padres, católicos o no católicos, sean tratados por igual, independientemente de las convicciones que quieran inculcar en sus hijos. Y, por fin, ¿se extralimita el Estado si vela por la igualdad de todos los ciudadanos en el derecho a ingresar a sus hijos en centros educativos sostenidos con fondos públicos?

Los Obispos del Sur recuerdan a los católicos la "obligación moral de dar testimonio de su fe", oponiéndose a cualquier legislación contraria a la doctrina social de su Iglesia, y los invitan a intervenir en el debate social. Yo creo que los católicos intervienen, divididos entre la izquierda y la derecha, pero pocos repiten las enseñanzas de su Iglesia, incapaz de sostenerse a sí misma sin la intervención económica de un Estado al que condena por su intervencionismo, y al que, a cambio, le pide que imponga en sus leyes la moral particular de la Iglesia católica. Los obispos apelan al diálogo, a la discusión política, y, al mismo tiempo, consideran que sus criterios son indiscutibles.