"No comparto la opinión sobre la desestructuración del Estado"

José Chamizo reúne la doble condición de sacerdote y defensor del pueblo andaluz. En esta entrevista, realizada por correo electrónico, destaca el avance del Estatuto en los derechos sociales.

Pregunta. ¿Qué opinión tiene del comunicado de los obispos?

Respuesta. El grupo de obispos andaluces no ha hecho sino manifestar la opinión de la jerarquía de la Iglesia en torno a diversos aspectos del Estatuto. Creo que es necesaria cualquier aportación en unos momentos especiales en los que debemos conseguir que se dinamice la opinión y la participación de toda la sociedad en torno a este importante texto. Pero no comparto la valoración tan grave sobre los riesgos de una desestructuración del Estado.

P. ¿Qué le parece la expresión "realidad nacional"?

R. No me importa tanto esa polémica sobre este título o los conceptos usados. Realidad nacional, regional, comunidad histórica pueden ser igualmente válidos. Lo que sí me importa son dos cuestiones que pueden venir ligadas a esta definición: una, que Andalucía no quede por debajo de otras autonomías en sus capacidades y competencias; y que ninguna definición termine suponiendo una marginación futura. Me parece que esta polémica no es lo más importante del texto y con ella se están olvidando aspectos muchos más esenciales para la ciudadanía.

P. ¿ Qué echa en falta o cree que sobra en el título que recoge los derechos sociales?

R. En las primeras discusiones sobre el Estatuto ya planteamos la oportunidad de avanzar en construir un sistema de derechos de contenido social que supusiera un avance comprometido y auténtico por garantizar unas mínimas condiciones de vida digna para todos. Reconocemos que ha existido un avance y la propuesta que presentamos ha sido bien acogida. Es una gran oportunidad para ofrecer un magnífico signo diferencial. Pero insistimos en que, si se aprueba en las Cortes y en el posterior referéndum, hay que trabajar en construir un sistema eficaz que garantice esos derechos mínimos de contenido social. Ésa es nuestra obsesión y estaremos atentos a ver en qué medida se adecuan en la regulación del Defensor las funciones singulares de garantía que se nos atribuyen en el texto.

P. ¿Encuentra en el texto algo que vaya en contra de la doctrina de la Iglesia?

R. Me parece especialmente delicada la cuestión de la definición y alcance del llamado derecho a una muerte digna, pero hemos de reconocer que es un debate que está en la sociedad y que está encontrando comprensión incluso entre los sectores más evolucionados de la Iglesia. Algo parecido pasa con las menciones al principio de laicidad, que también tiene importantes apoyos entre los colectivos de Iglesia más acordes con estos tiempos e independientes respecto de los poderes públicos. En todo caso, sí he encontrado una buena receptividad en los avances que se han redactado sobre los derechos sociales y el apoyo que van a encontrar grupos como Cáritas en su compromiso hacia los colectivos desfavorecidos.