Matas exige por sorpresa para Baleares un régimen especial económico y fiscal
Los socialistas acusan al PP de frenar la negociación con sus "propuestas-provocación"
Un nuevo Régimen Especial Balear (REB), en materia fiscal y financiera, junto al compromiso de recibir 3.000 millones de euros del Estado, en un plazo de 10 años, fueron las propuestas lanzadas ayer por el presidente de Baleares, Jaume Matas. La primera demanda se incluiría en el Estatuto de autonomía. Los socialistas de Baleares y el PSOE temen que Matas y el PP, con sus continuas propuestas al alza, impidan el acuerdo en torno al Estatuto. El responsable autonómico del PSOE, Alfonso Perales, cree que estas "propuestas- provocación" buscan frenar el acuerdo
El Gobierno de Baleares, del PP, cuya propuesta de Estatuto de Autonomía imita el modelo de financiación del nuevo Estatuto de Cataluña -que rechaza el PP nacional-, redobló ayer sus exigencias financieras diferenciadas. El presidente Jaume Matas anunció, por sorpresa, su pretensión de incorporar a la norma estatutaria "la obligación" y "el compromiso" de aprobar una nueva ley de régimen especial que "garantice medidas económicas y fiscales". Un nuevo Régimen Especial Balear (REB) para "compensar las desventajas de la insularidad y los problemas ordinarios", dijo.
El presidente balear desligó la propuesta de régimen especial de la del nuevo sistema financiero -"no tiene nada que ver", señaló-, en el que "recuperará" su reivindicación de la cuota de inversión estatal de 3.000 millones "por déficit histórico de infraestructuras". Con esta demanda se desmarcó de la cláusula pactada con el PSOE balear que fijaba un índice inversor anual, como el PIB, de un 2,5% en 10 años. Matas resaltó que sus fondos se negociarán de manera multilateral con el Estado, para distinguirlo de la vía catalana.
Los socialistas calificaron la apuesta del PP por el nuevo régimen especial de "desleal e insólita", tanto por la forma como por el fondo. Matas la plantea en el último día de presentación de enmiendas al Estatuto, con sólo 15 días de negociación posible. Es "una piedra" y "una estrategia" para "frenar el avance de las negociaciones", según la portavoz socialista Francina Armengol. Los socialistas baleares, además, saben que el PSOE federal no aprobará esa propuesta.
Entre Canarias y Cataluña
El PP balear ya hizo esta propuesta en 1998, pero el presidente José María Aznar la echó abajo. Tenía la misma intención que ahora: conseguir un régimen fiscal especial. El responsable autonómico federal del PSOE, Alfonso Perales, recordó ayer este hecho.
Para buscar una similitud de su demanda dentro del Estado de las autonomías apelan al régimen especial de Canarias. A este respecto, Perales señala que las islas Canarias tienen reconocida en la Unión Europea su condición de región ultraperiférica y España negocia en Bruselas condiciones especiales para las mismas dentro de ese apartado.
El presidente balear no oculta su intención: "Queremos un régimen específico" en la línea del que existe para las islas Canarias. "Queremos compensar problemas de muchos sectores, para que puedan superar los obstáculos que hemos tenido con la ley de régimen actual", manifestó Matas, que añadió: "Se trata de poder ayudar a agricultores e industriales, en especial".
El presidente del PP advirtió: "No sabemos cuántos años vamos a tardar en tener otra oportunidad como ésta" y concluyó: "Es el momento oportuno, el régimen especial es ambicioso y no puede tener oposición del Gobierno central. La insularidad es un hecho diferencial específico".
Desde la dirección federal se discrepan de las dos demandas del presidente de Baleares, aunque hay una consideración inicial de carácter político. A juicio de Perales, las "propuestas-provocación" del PP tienen como objetivo impedir la negociación y el acuerdo con los socialistas. "Con esta puja al alza se persigue bloquear el acuerdo", señala Perales.
Desde luego, la dirección federal, según Perales, rechaza ese régimen especial económico pero también el establecimiento de la inversión del Estado de un 2,5% o, en todo caso, nunca menos de 3.000 millones de euros en 10 años.
Además, si no se gastan se ingresarán en las arcas autonómicas. Pero el PSOE tendrá que responder a las preguntas de Matas respecto a por qué sí aprobó un compromiso económico con CiU para incluirlo en el Estatuto catalán. Perales asegura que nada tiene que ver uno con otro. "La propuesta de Matas es mucho más comprometedora que la de Cataluña". La propuesta balear fija unas cantidades concretas y en el Estatuto catalán no es así. "Las inversiones del Estado en Cataluña para infraestructuras se equipararán a la participación relativa del PIB de Cataluña en relación al PIB del Estado, para un periodo de siete años", se dice en el texto catalán. Pero dice expresamente que Cataluña queda excluida de los Fondos de Compensación Interterritorial.
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