Por los cauces previstos

El debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el Congreso de los Diputados discurrió por los cauces previstos. Cada uno de los grupos parlamentarios había anticipado cual iba a ser su posición y el sentido de su voto en la reunión de la Mesa del Congreso en la que se convocó el Pleno de la Cámara y, en consecuencia, a lo que asistimos el martes fue más a un turno de explicación del voto de cada grupo parlamentario que a un auténtico debate. La única duda que había tras la reunión de la Mesa era la de si el grupo parlamentario popular se abstendría o votaría negativamente la toma en consideración, y tal duda quedó despejada apenas inició su intervención Mariano Rajoy.

Poco cabe decir acerca de lo ocurrido el martes. Cada uno estuvo en su sitio. Tanto los representantes del Parlamento de Andalucía como los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios y el presidente del Gobierno dijeron lo que se esperaba que dijeran y en el tono en que se esperaba qué lo dijeran.

Lo único que me llamó la atención fue la muy breve intervención final del presidente del Gobierno, en la que cambió de terreno e invitó en un tono excepcionalmente amable al grupo parlamentario popular a que pusiera por escrito cuáles eran los cambios que se tendrían que introducir en la proposición de ley de reforma, para que ésta resultara aceptable para ellos, comprometiéndose a hacer un esfuerzo en la negociación de los mismos. Y me llamó la atención porque fue el único momento en el que se puso encima de la mesa que lo que hacía falta era dejar la valoración global del texto para pasar al análisis de los puntos concretos en los que podían existir discrepancias e intentar ver si era posible llegar a un acuerdo.

Lo que el presidente del Gobierno vino a proponer al grupo parlamentario popular es que presentara motivos de desacuerdo al texto aprobado en el Parlamento de Andalucía que posibilitaran una auténtica negociación en las siguientes fases de tramitación parlamentaria de la reforma. Tras la experiencia de la tramitación de la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña, el presidente del Gobierno sabe que sin bajar al análisis de aspectos concretos del texto de la proposición de ley, no es posible que exista un auténtico debate y, en consecuencia, que se pueda llegar a algún acuerdo.

Esperemos que esta invitación no caiga en saco roto y que la formulación por el grupo parlamentario popular de los motivos de desacuerdo no supongan descalificaciones globales o propuestas de supresión de títulos o capítulos enteros de la proposición de ley de reforma. Si no es así, la tramitación en las Cortes Generales de la reforma andaluza va a ser de una esterilidad absoluta. Va a consistir en la reiteración de las posiciones que ya se hicieron valer el martes y poco más.

De momento la pelota está en el tejado del PP, que es quien tiene que decidir en qué sentido y con qué tono formula sus motivos de desacuerdo a la proposición de ley de reforma aprobada por el Parlamento de Andalucía y tomada en consideración por el Congreso de los Diputados. Si decide aceptar la invitación y el compromiso de negociación del presidente del Gobierno, es posible que pueda producirse un auténtico debate en lo que queda de tramitación de la reforma en las Cortes Generales y que al final se alcance un texto que pueda ser votado por todos. Obviamente, el PSOE tendría que ser receptivo en el caso de que ese fuera el comportamiento del PP.

En pocos días se despejará la incógnita. Pero debería hacerse un esfuerzo para que en el origen del ejercicio del derecho a la autonomía para los próximos veinticinco años no estuviera un referéndum del que se autoexcluyen partidos con representación parlamentaria. Esperemos que al final nos salgamos de los cauces previstos.