La diferencia andaluza

El debate sobre la toma en consideración por el Congreso del proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía dio ocasión ayer para una nueva escenificación de la trinchera que la cuestión autonómica ha abierto entre el PP y el PSOE. En los últimos 20 años, estos partidos habían estado casi siempre más de acuerdo que en desacuerdo en esa materia. Que no hayan alcanzado el deseable consenso en torno a una reforma institucional de tanto calado como el Estatuto andaluz es un fracaso que comparten. Tal vez por ello, Zapatero y Rajoy dejaron un pequeño resquicio, en medio de la bronca, para la reconstrucción del acuerdo en el trámite de discusión de enmiendas que ahora se inicia.

No es casual que el debate haya acabado centrándose en la definición de Andalucía como "realidad nacional". Esa expresión fue introducida por los socialistas (61 escaños) a fin de intentar sumar al acuerdo a IU (6 escaños) y al Partido Andalucista (5), partidarios ambos del término nación. Pero ese movimiento alejaba al PP, cuyos 37 escaños le daban derecho a ser tenido en cuenta. La definición es bastante artificiosa, y así lo perciben los propios andaluces, que en una encuesta reciente se pronunciaban mayoritariamente por la definición como comunidad autónoma (63%) o nacionalidad histórica (la que figura en el Estatuto vigente, 7%), mientras que sólo el 4% prefería la de nación. Sin embargo, sus defensores argumentan que la fórmula elegida es una garantía contra intentos de discriminación a cuenta de la definición nacional de otras comunidades (en referencia a Cataluña).

Rajoy ridiculizó ayer el carácter afectado de la fórmula y el mimetismo respecto a Cataluña que refleja. Sin embargo, el mismo efecto persigue la cláusula introducida por el PP en el Estatuto valenciano a fin de incorporar cualquier nueva competencia que se reconozca a otra comunidad. Zapatero había advertido al PP del error que supondría "tropezar con la misma piedra", en referencia al rechazo de la derecha de entonces a apoyar el referéndum andaluz de 1980, destinado a equiparar esa comunidad a las históricas en cuanto a la vía de acceso a la autonomía. Aquella iniciativa tuvo éxito, pero también el efecto de vaciar de contenido la distinción entre nacionalidades y regiones basándose en los llamados hechos diferenciales, de los que no se deducen techos competenciales diferentes pero que podía haber resultado funcional a efectos simbólicos, evitando problemas hoy muy visibles.

Sea como sea, el acuerdo entre socialistas y populares -los dos únicos partidos con posibilidades realistas de gobernar en los próximos años- para gestionar el nuevo panorama autonómico sigue siendo una necesidad; lo que fue posible en Valencia debería serlo también en Andalucía, aunque sea al precio de redacciones tan alambicadas como otras que pasaron a la Constitución igualmente en aras del consenso.