Barberá rectifica y suspende las obras sobre la fosa de la Guerra Civil tras el escándalo

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer la paralización de las obras de construcción de nichos encima de una fosa común de la época de la Guerra Civil en el Cementerio de Valencia. La decisión llega tras el escándalo desatado a raíz del traslado de huesos del recinto fúnebre a una cantera del municipio de Sagunto en el transcurso de las obras. Barberá aseguró que los restos han sido devueltos, pidió perdón y afirmó que investigará la responsabilidad de la contrata y de los técnicos municipales en dicho traslado. La oposición consideró insuficientes estas medidas.

Los concejales de EU y PSPV exigen una investigación en la que participe la oposición

"Pido disculpas por los hechos acaecidos", afirmó ayer Rita Barberá en referencia a las 800 toneladas de tierra con restos óseos que anteayer fueron a parar a una cantera del municipio de Sagunto procedentes del Cementerio General de Valencia por "error". La alcaldesa aseguró que los huesos ya estaban en su lugar y que se iba a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" de lo sucedido para depurar responsabilidades. "Las obras sólo continuarán cuando todo se haya aclarado", sentenció. Sin embargo, Barbera evitó hablar de responsabilidades políticas y dijo que se estudiaría la actuación de la empresa contratada para la realización de las citadas obras, Secopsa, y de los técnicos municipales del área de cementerios. La primer edil señaló como primer culpable de lo sucedido al palista por "haber superado la línea que delimitaba la zona de trabajo afectando a dos tumbas de 1966 y 1967 que estaban fuera del límite, en el borde". En el comunicado emitido anteayer por el Ayuntamiento solo se hablaba de los restos de una persona.

La paralización de las obras, que afecta a dos de los cuatro cuadros que conforman la sección séptima derecha del recinto fúnebre -el número 1 y el 2- llega cuatro días después de que el juzgado ordenara la suspensión de las obras en las dos parcelas contiguas (cuadros 3 y 4). El auto fue la respuesta al recurso interpuesto por el Fòrum per la Memoria del País Valencia contra el proyecto municipal de construcción de nichos. El Fòrum interpuso la demanda en los tribunales alegando que en ese lugar habían sido enterrados republicanos represaliados entre 1939 y 1940.

El portavoz del EU-L'Entesa en el Ayuntamiento, Antonio Montalbán, quien anteayer amenazó a la Alcaldía con que si no se paralizaban los trabajos definitivamente su grupo recurriría a los tribunales, calificó la intervención de Barberá como "un primer paso positivo". Aunque Montalbán aseguró que, debido al cambio de posición del consistorio, su grupo no interpondrá ningún recurso, el concejal criticó "que se acuse únicamente a la contrata y a los técnicos del escándalo". En el mismo sentido se manifestó el portavoz del grupo socialista municipal, Rafael Rubio, al declarar que "las órdenes se dan desde la Alcaldía y la concejalía competente y es vergonzoso que se acuse al eslabón más débil de la cadena para eludir responsabilidades".

La investigación anunciada por Barberá irá a cargo del segundo teniente de alcalde y concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, Miquel Domínguez. Algo que, según Rubio, demuestra que el Ayuntamiento ha desautorizado a la concejal responsable de cementerios, María Jesús Puchalt, que "queda apartada del tema".

Tanto Montalbán como Rubio expresaron su disconformidad con el hecho de que sea precisamente un concejal del PP el que se encargue de hacer las pesquisas pertinentes. Ambos abogaron por la creación de una comisión donde también participen los representantes de los grupos de la oposición. El portavoz de EU considera que en caso contrario el proceso no será transparente, mientras que su homólogo socialista sostiene que sin representación de los otros grupos municipales se pondrá de manifiesto que hay "algo que esconder".

La alcaldesa quiso remarcar su convicción de que la polémica del traslado no tiene nada que ver con la paralización ordenada por el juzgado, ya que, según afirmó, en este caso no se puede hablar de represaliados republicanos ni de memoria histórica. "Los restos del cuadro dos son de 1950, 1951, 1964 y 1985" dijo después de insistir en la idea de que pasados 5 años de una inhumación pueden llevarse a cabo construcciones como las previstas en el proyecto municipal.