La Generalitat negocia la venta de Al-pi a espaldas de la oposición

El futuro del operador de telecomunicaciones para empresas Al-pi, fruto de la mayor privatización realizada bajo el Gobierno de CiU, cobra un nuevo cariz con la salida de ERC de la Generalitat. La estrategia a seguir con Al-pi, propiedad de France Telecom en el 75% mientras que el 25% restante permanece en manos públicas, había sido causa de un choque abierto entre socialistas y republicanos en tiempos del tripartito. Presidencia mantiene ahora contactos para vender al grupo francés el 25% de la Generalitat. ERC pidió llevar a France Telecom a los tribunales por "incumplir" los compromisos que adquirió con la privatización.

"No hay tomada un decisión definitiva", aseguraron ayer fuentes oficiales de Presidencia, que tras la última reorganización del Gobierno catalán ha pasado a estar bajo la órbita de Joaquim Nadal. Sin embargo, otras fuentes aseguran la existencia de "negociaciones muy avanzadas" entre France Telecom y la Generalitat. Quienes lideraran dichos contactos son el secretario general de la Presidencia, Ramon García-Bragado, y el secretario de Presidencia, Ernest Maragall.

France Telecom, que con la compra de Amena ha cubierto su eterno deseo de controlar una porción del mercado español de telefonía móvil, no quiere, sin embargo, que la aventura le salga cara. La agitada historia de Al-pi lo explica. Privatizada en 1999, France Telecom pagó por controlar el 75% de la antigua Catalana de Telecomunicacions 78,13 millones de euros. Una cifra abultada: el precio de salida del concurso ascendía a 12,6 millones. Eran tiempos de explosión de las telecos e Internet.

France Telecom ha tenido, además, que rascarse el bolsillo en el momento más crítico de Al-pi, cuando acordó con la Generalitat una inyección de capital conjunta de 70 millones de euros a las puertas de la Navidad de 2002. Tras 48 horas de negociación a cara de perro, aquel pacto (52,5 millones los debía aportar France Telecom) salvó a Al-pi de la quiebra. Fue la solución temporal a la imposibilidad, por falta de recursos, de que la Generalitat recomprara, como deseaba, el 75% restante.

Pero prácticamente desde entonces el dilema de qué hacer con el 25% público ha estado siempre ahí. Y ha habido conversaciones intermitentes en todos los sentidos. La última oferta de France Telecom ha consistido en pagar sólo 20 millones de euros, que se quedarían en 12 millones si a la Generalitat se le ocurriera adjudicar a Telefónica su inminente supercontrato público de servicios de voz y datos (Telefónica pidió recientemente ante el Parlament mejor trato en los concursos públicos). En la negociación, France Telecom esgrimía a su favor la elevada deuda de Al-pi, superior a los 70 millones.

Esquerra -en el tripartito, las telecomunicaciones estaban en sus manos- quería recomprar la parte de France Telecom y sumar la red de Al-pi a la del nuevo organismo gestor de infraestructuras de telecomunicaciones que iba a dar servicio a terceros, un proyecto que siempre han visto con reticencia Economía y Presidencia, y que tampoco gusta a CiU ni al PP. Para negociar desde una posición de fuerza, ERC recomendó por escrito justo antes de abandonar la Generalitat, explican fuentes de este partido, "llevar a los tribunales a France Telecom por haber incumplido los compromisos que asumió en la privatización".

El Gobierno catalán ha contemplado con desmayo cómo controlar su 25% de Al-pi no le ha servido para imponer el cumplimiento de compromisos como una inversión acumulada en 10 años (hasta 2008) de 288,49 millones de euros, la creación de 540 empleos y la centralización en Barcelona de la actividad de I+D, ingeniería de clientes y mercadotecnia estratégica de Al-pi. ERC denuncia, además, que el grupo francés lleva a Al-pi a la ruina al venderle sus servicios con sobrecoste y comprarle los suyos muy baratos.

Los socialistas prefieren vender el 25%, una opción que, en el actual periodo de transición hasta las autonómicas de otoño, irrita a los partidos de la oposición. "Un Gobierno provisional como éste no puede resolver una cuestión de esta envergadura", exclama Antoni Fernández-Teixidó al preguntársele al respecto. El vicesecretario general de CiU muestra su disgusto ante la eventualidad de vincular la venta al supercontrato de voz y datos.