El alcalde ordena la demolición de una obra ilegal de su edil de urbanismo

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses (IP), ha ordenado el derribo del garaje de 24 metros cuadrados construido ilegalmente por su compañero de partido, el concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, después de que un informe del arquitecto jefe del Ayuntamiento confirme que el edil cometió una "infracción grave" al edificar en su vivienda sin haber solicitado la preceptiva licencia.

El informe aconseja "emprender un expediente sancionador" y señala que la obra, además de haber sido desarrollada sin autorización, no cumple los requisitos técnicos establecidos por la normativa porque no respeta la distancia mínima a linderos.

Junto a esta obra, el concejal de urbanismo acometió, sin tramitar la obligatoria licencia municipal, otras mejoras en la vivienda que el informe del responsable técnico califica de "infracciones leves". Se trata de la construcción de una piscina y la cubrición de un porche de 33 metros cuadrados. Las obras objeto de sanción se desarrollaron entre los años 2000 y 2003 y según el arquitecto jefe municipal, el conjunto edificado ocupa el 40,9% del total de la parcela, cuando el máximo permitido en la zona es del 35%.

Un portavoz del equipo de gobierno confirmó que Hernán Díaz firmó el decreto obligando a la demolición del garaje del concejal de urbanismo el pasado martes. La orden de alcaldía se produce después de que el propio concejal reconociera el pasado mes de abril, en respuesta a una denuncia de IU y Ecologistas en Acción, que cometió "un error por las prisas" al realizar obras no regladas. En aquel momento, Rodríguez anunció su intención de tramitar la solicitud de obra y hacer frente al pago de las multas que se pudieran derivar de su actuación.

El concejal de urbanismo expedientado es el actual número dos de la lista de IP y ocupará la alcaldía de El Puerto en caso de que la Audiencia de Cádiz haga firme la condena de siete años de inhabilitación para cargo público dictada contra Hernán Díaz por un delito de prevaricación.

A pesar de las reiteradas peticiones de la oposición y de los agentes sociales de El Puerto para que Rodríguez fuera cesado, ni el alcalde ni sus aliados socialistas en el gobierno estimaron la medida.