Críticas al exceso de rigor y la falta de control

¿Cuáles son los problemas principales que plantea la privatización? Según algunas asociaciones como la Coordinadora de Barrios o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en primer lugar, el excesivo rigor de las normas de funcionamiento interno de algunos centros. Fuentes del Defensor del Pueblo aseguran que han visto imponer sanciones a los chicos por reírse o por mirar para atrás mientras caminaban en fila. La abogada Patricia Fernández relata que ha visto castigos por hechos tales como dejarse una esponja en el baño o gritar cuando el Barça mete un gol. "A una menor con anorexia la sancionaron con cuatro días de aislamiento por vomitar", explica Fernández. "La acusaron de fingir una enfermedad sin que la viera un médico".

Señalan otros problemas, como la formación y temporalidad de los trabajadores. Los funcionarios de los centros públicos acceden a través de oposiciones. En los privados, el Defensor del Pueblo ha encontrado educadores licenciados en Bellas Artes o Empresariales, según el informe de 2004. Algunos denuncian que no han recibido formación específica.

Los educadores

A pesar de que algunas asociaciones tienen ya convenios colectivos, en el caso de Madrid, al menos, por el mismo trabajo cobran menos los educadores de centros privados, según Comisiones Obreras. El Defensor del Pueblo expresa que uno de los problemas más frecuentes es el de la movilidad de los profesionales. Indica que es importante que el personal sea estable "para poder intervenir de forma eficaz con los menores".

Jueces y abogados coinciden al señalar la gran vocación y entrega que suelen tener los educadores. Pero cuando no es así, los mecanismos de control de la Administración a veces fallan. En Tenerife, el pasado octubre se suspendió de empleo y sueldo a 24 trabajadores de dos centros: uno estaba en busca y captura y otros tenían causas pendientes por robos o lesiones.

El control que realiza la Administración depende de cada comunidad. En algunos casos, los menos, el director es un funcionario público. Y finalmente, los jueces y fiscales también supervisan la ejecución de las medidas. En el caso de Madrid, el Defensor del Menor señala que en esta comunidad se ha hecho un esfuerzo por supervisar la actividad de las asociaciones desde que se creó la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, en 2004.