Pirámide de cartón

A medida que van conociéndose los detalles de la supuesta estafa de los sellos -350.000 afectados y un desfase patrimonial de 3.500 millones de euros- resulta más incomprensible que este merengue haya aguantado 26 años sin derrumbarse y, sobre todo, sin que nadie, ningún organismo oficial y tampoco las auditorías obligatorias, alertara de la que se estaba montando. Sorprendente, porque el mecanismo básico es el mismo de otros reventones financieros producidos en los últimos años: utilización de las nuevas aportaciones para ir cubriendo los compromisos anteriores sin que éstos hayan producido rentabilidad real alguna.

Entre los delitos imputados a los directivos de Afinsa y Fórum Filatélico para los que los jueces de la Audiencia Nacional han ordenado prisión provisional figura el de blanqueo de capitales. Lo último es la presunta vinculación de una filial de Fórum Filatélico con la operación Ballena Blanca, lanzada por un juez de Marbella contra el blanqueo de dinero a lo grande en la Costa del Sol. Suele ocurrir que en este tipo de maquinaciones una cosa lleve a la otra en una huida adelante que sólo detiene la llegada de la policía. Saber por qué ha tardado tanto en descubrirse el pastel es una de las incógnitas que deberán despejar los jueces. Pero sirva de ejemplo de la conciencia de impunidad con que se movían ciertas personas el detalle de que esa empresa informó a la Agencia Tributaria, como si fuera lo más normal del mundo, de que en 2001 había destruido sellos por importe de 18 millones de euros.

Todo el tinglado se basaba en la credulidad espontánea de muchas personas, unida a su ignorancia sobre algo tan misterioso como el mercado de los sellos, no regulado ni protegido con garantías y cautivo de ambas empresas, que, dado el volumen de timbres que controlaban, fijaban precios de manera arbitraria. Al respecto resulta llamativo que algunos de los que más suelen clamar contra la regulación de los mercados reclamen ahora que la Administración se haga cargo de los destrozos provocados por su pasividad reguladora. Escándalos como el de Gescartera sirvieron para regular aspectos esenciales de las sociedades gestoras de valores (e incluirlas en los fondos de garantía de inversiones); sería lógico que una consecuencia del fraude filatélico fuera la prohibición de operaciones de captación de ahorro que no contase con garantías como el método de valoración de los activos, los cálculos precisos para determinar su revalorización y los sistemas de inspección y control de las inversiones.

Sin embargo, no parece pertinente aplicar a este caso el principio de responsabilidad subsidiaria del Estado. No sería justo que los contribuyentes sufragaran con sus impuestos la falta de prudencia de quienes eligieron inversiones de mayor riesgo ante la promesa de rendimientos superiores. Otra cosa es, sin embargo, que la Administración facilite al máximo las reclamaciones de los damnificados, simplificando los trámites y dotando a las organizaciones de consumidores y usuarios de los medios necesarios para canalizarlas.