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La reforma del Estatuto

Murcia recurrirá el traspaso del Guadalquivir

Castilla-La Mancha y Extremadura optan por la cautela y piden participar en la decisión

El Gobierno regional de Murcia (PP) amenaza con presentar un recurso de inconstitucionalidad si el Estatuto de Autonomía andaluz se aprueba en las Cortes Generales tal y como está redactado en la actualidad, según aseguró a EL PAÍS el consejero de la Presidencia del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, quien rechazó que la norma autonómica incluya la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (CHG). El rechazo contundente de Murcia, cuyo territorio acoge un 0,2% de la cuenca, contrasta con la cautela y el silencio de las otras dos comunidades con afluentes del Guadalquivir: Castilla-La Mancha (7,1%) y Extremadura (1,4%), gobernadas por los socialistas José María Barreda y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La proposición de ley de reforma del Estatuto andaluz incluye la petición de la competencia del Guadalquivir por dos vías: como competencia exclusiva de la comunidad -salvaguardando la planificación general del ciclo hidrológico por parte del Estado-, y a través de la disposición adicional quinta, en la que se reclama el traspaso de la gestión mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Gobierno central delegar competencias estatales.

El consejero y portavoz del Gobierno murciano resaltó que pese a que la cuenca del Guadalquivir se adentra tan sólo en 116 kilómetros cuadrados de una zona despoblada en el municipio de Moratalla (Murcia), el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel solicitará la cogestión, "ya que hasta el momento el Estado ha sido el que la ha venido gestionando".

Para De la Cierva, quien recuerda que en cada reunión de la Confederación del Guadalquivir el Ministerio de Medio Ambiente ha venido invitando a los representantes del Ejecutivo murciano por estar en parte de su terreno, "es un ejemplo más de la rapiña del PSOE con las comunidades del PP, mientras el Gobierno de Andalucía ningunea a sus vecinos de Castilla-La Mancha y de Murcia, que algo tendremos que decir de lo que pasa en nuestro territorio".

Los servicios jurídicos del Gobierno de Murcia llevan varios días estudiando la posible inconstitucionalidad de la futura norma autonómica andaluza. "Pero nosotros estamos seguros de que al final presentaremos un recurso, al igual que hemos anunciado con el Estatuto de Cataluña, que hará imposibles los trasvases a la cuenca del Segura, una de las zonas más áridas de Europa", indicó. El consejero criticó al presidente andaluz, Manuel Chaves, quien el pasado domingo afirmó que "no está en la línea" de que en la tramitación del Congreso se anule la petición de asumir competencias mediante el 150.2 y tachó de "irrenunciable" la reivindicación de la gestión del Guadalquivir. "Tiene que mostrar un poco de respeto a las decisiones de los diputados del Congreso", dijo De la Cierva, quien rechazó el supuesto "intento del presidente del PSOE federal de querer tutelar a la Comunidad de Murcia y que no permitirá que se violente la Constitución".

También exigió un trato de igual a igual con el Gobierno andaluz. Con el anuncio de esta decisión, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, abre un nuevo frente político en su particular guerra del agua, que en los últimos años le ha enfrentado a los presidentes de Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha, teniendo como único aliado político al valenciano Francisco Camps (PP).

Prudencia

Frente al rechazo de Murcia, las otras dos comunidades por las que discurre la cuenca en un porcentaje mínimo, pero mayor que la murciana, mantuvieron una actitud de prudencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha que preside el socialista José Maria Barreda se muestra a la espera de la decisión última que tome el Ejecutivo central porque de ellos dependerá también lo que pueda pasar en un futuro con el río Tajo, informa Isabel Salvador. Castilla-La Mancha quiere también poder decidir en la gestión del río Tajo que tantos enfrentamientos está provocando con el Levante por el trasvase. Este es precisamente uno de los principales cambios que quieren introducir en el nuevo Estatuto de Autonomía que en este momento están debatiendo los grupos parlamentarios.

"Participamos en la filosofía de una cogestión con mayor implicación de las comunidades autónomas, y en esa dirección vamos juntos, pero hay que articular la postura de las comunidades", indicaron fuentes del Gobierno castellano-manchego.

De manera telegráfica se pronuncio también la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de Extremadura dirigida por el socialista Luis Millán Vázquez de Miguel. "La Junta de Extremadura estudiará con detenimiento este asunto y no será ajena al ámbito de las decisiones correspondientes", afirmó, informa Cruz. V. Vázquez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de mayo de 2006