La parálisis financiera de Puerto Rico deja sin paga a casi 100.000 funcionarios

Puerto Rico está sumido en una grave crisis financiera de la que ayer vislumbró un inicio de salida. El gobernador Aníval Acevedo Vilá y los líderes del Congreso y el Senado puertorriqueño acordaron encontrar una solución conjunta a la debacle que ha paralizado la economía del Estado después de que no se alcanzara un acuerdo para aprobar el nuevo presupuesto. La crisis ha provocado el cierre de más de 40 agencias gubernamentales, lo que ha supuesto que desde principios de este mes no se han pagado salarios a más de 95.000 empleados del Estado.

La escasez de fondos ha dejado sin escuela a un millón de estudiantes, pues no hay dinero para abonar el sueldo de sus profesores. El acuerdo de última hora alcanzado el lunes para desbloquear la situación evitó una huelga general.

El hecho de que el poder ejecutivo y el legislativo estén dominados por partidos políticos distintos es la raíz principal del bloqueo presupuestario. En una reunión en la noche del lunes, el gobernador y los presidentes del Congreso y del Senado, José Aponte y Kenneth McClintock, respectivamente, se comprometieron a aceptar la decisión que alcance, en el corto plazo, una comisión mixta que evaluará el déficit estructural del Gobierno.

El Gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de EE UU tiene un déficit de 406 millones. El lunes, la calificadora de riesgo Moody's reducía la clasificación de parte del crédito a uno de los niveles más bajos.

Si la comisión mixta -compuesta por un reputado economista, un ex presidente del Tribunal Supremo, un antiguo director del presupuesto y un asesor del presidente del Senado- no logra una salida, la parálisis del sector estatal podría extenderse por otros 60 días, ya que el gobernador de la isla, del Partido Popular Democrático (partidario de mantener el estatus actual), no logra el apoyo del Partido Nuevo Progresista (defensor de convertirse en el Estado 51 de la Unión). Debido a la crisis fiscal, el Gobierno sólo dispone del 46% de su presupuesto para mayo y junio, y sólo podrá utilizarlo para garantizar servicios esenciales de salud y seguridad.

La creación de la comisión mixta, dijo Acevedo Vilá tras la reunión, deberá producir una solución "pronta y real" al conflicto, y tomar en cuenta este tipo de críticas. El impacto de los salarios impagados será brutal, ya que los 250 millones de dólares quincenales de la nómina gubernamental representan un gran estímulo para el comercio, la banca y el sector privado en general.

Con derecho de voto

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, con los mismos derechos que cualquier habitante de Washington o Los Ángeles. La única diferencia es que sólo pueden votar en las elecciones presidenciales aquellos que residen en Estados Unidos. El constante ciclo de migración supone que muchos de los cuatro millones de habitantes de la isla han vivido y trabajado sobre todo en Nueva York, por lo que quienes votan no son pocos. El jefe de Estado de Puerto Rico es George W. Bush. Sin embargo, por su estatus desde 1952 de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, cuentan con un poder ejecutivo a cargo de un gobernador, electo por un periodo de cuatro años. Puerto Rico tiene un delegado en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, sin derecho a voz ni a voto. Supeditado a las leyes estadounidenses y sin independencia en política exterior, los puertorriqueños han votado tres veces y las tres decidieron mantener su actual estatus: en 1967, 1993 y 1998.

Ayer, el gobernador Acevedo Vilá opinó que los líderes anexionistas alejaban su propio ideal de convertirse en un Estado federado al provocar la crisis. "Yo, ni en términos de Washington ni en términos de Puerto Rico mido esto, ni miro las consecuencias políticas. Para mí, la única consecuencia que cuenta es que hay 95.000 empleados que no tienen sueldo ahora mismo y que el crédito de Puerto Rico está a punto de perderse por una mezquindad política", añadió.