El Gobierno prepara un plan con medidas para atajar la corrupción municipal

El Gobierno prepara un paquete de medidas para atajar la corrupción en los municipios al hilo de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, y de la renovación del Pacto contra el Transfuguismo, negociada con todos los partidos. Una de las medidas más trascendentales consiste en extender el régimen de incompatibilidades de la Administración General del Estado a los ayuntamientos, de tal manera que el concejal que haya ejercido en un equipo de gobierno municipal no podrá, tras su cese, trabajar durante dos años en tareas similares en la actividad privada.

Con esta medida, el Gobierno trata de evitar casos como el del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, del PP, que, al cesar en su cargo, el 26 de septiembre del pasado año, fichó a la semana siguiente como vicepresidente de una constructora. Pese al escándalo político, Herráez no conculcó la ley, porque no existían normas que le impusieran incompatibilidades como las que rigen para los altos cargos del Gobierno.

Más allá de este caso puntual, el escándalo del Ayuntamiento de Marbella, surgido cuando el Gobierno iniciaba las conversaciones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que participan todos los partidos, ha afectado a dicha reforma. "El objetivo es aumentar la democracia de los ayuntamientos y hacer la vida más difícil a la minoría corrupta", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

El Gobierno, que negocia con la FEMP la extensión de la ley de incompatibilidades a los ayuntamientos, es consciente de que la norma deberá tener límites en cuanto a los ámbitos de aplicación, porque de lo contrario resultaría disuasoria en la formación de candidaturas electorales en los municipios pequeños. Previsiblemente, el Gobierno y la FEMP acabarán fijando un listón municipal mínimo, en función del número de habitantes, para aplicar la norma. Quienes preparan el conjunto de medidas barajan la hipótesis de imponer las incompatibilidades en municipios de más de 75.000 habitantes.

La nueva incompatibilidad tendrá una compensación económica, fijada en la propia Ley de Bases de Régimen Local. Los concejales, con dedicación total o parcial, podrán percibir, tras su cese, el seguro de desempleo, en las mismas condiciones que cualquier cotizante a la Seguridad Social, en función de su cotización.

A su vez, el Pacto contra el Transfuguismo, cuya renovación negocia el Gobierno con todos los partidos y se hará pública este mes, introduce dos nuevas medidas. Por un lado, un acuerdo político para impedir que el concejal que haya sido tránsfuga pueda volver a presentarse en una lista electoral municipal. Por otro, la decisión de pasar a manos del fiscal Anticorrupción los casos de transfuguismo para que investigue. Recientemente, el Gobierno aprobó por real decreto la creación de la Fiscalía Anticorrupción para Urbanismo y Medio Ambiente.

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros y remitir a las Cortes antes del verano, aumenta, asimismo, las medidas de control de los equipos de gobierno municipales. Así, las licencias, convenios y contratos que afecten a la vida del municipio por varios años, tendrán que pasar por el control del pleno municipal y no limitar su decisión al debate en el equipo de gobierno.

Asimismo, la norma otorga un poder de control a la minoría de la oposición para exigir responsabilidad política al gobierno municipal, de modo que además de los concejales tengan que responder en pleno o comisión, si la minoría requiere su presencia, los directivos de organismos públicos y de servicios municipales. Los ciudadanos podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con la excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno.

La Ley de Bases también regula la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes; bajará al 15% en los de 5.001 a 20.000 habitantes y se reducirá al 10% en los de más de 20.000 habitantes.

La reforma regula también la celebración de consultas populares, que requerirán la autorización de la mayoría del pleno municipal y del Gobierno autónomo. "Se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local", según señala el borrador.

La futura ley reconoce el derecho de los vecinos a ser informados, "previa petición razonada", y a dirigir solicitudes a la Administración municipal "en relación a todos los expedientes y documentación municipal".

Otro de los objetivos del Ejecutivo en la elaboración de esta reforma ha sido la delimitación clara de las funciones del equipo de gobierno municipal y del papel de la oposición, siguiendo la pauta del control del Gobierno central y de los de las comunidades autónomas por parte de la oposición. "El control no es del pleno municipal sobre el alcalde, sino en el pleno de la minoría sobre la mayoría", señalan fuentes gubernamentales.