El Gobierno elevará un 20% la plantilla de la inspección para atajar el fraude

La mejora del mercado laboral y el freno a los abusos requiere una inspección de trabajo más fuerte. Con este convencimiento, el Gobierno y los agentes sociales han acordado incluir en la reforma laboral el compromiso de aumentar casi un 20% la plantilla de inspectores y subinspectores hasta el final de la legislatura. También se reforzarán los servicios públicos de empleo, que deberán ofrecer trabajo o formación a los parados antes de que pasen seis meses inscritos. Trabajo espera que el freno al encadenamiento de contratos temporales convierta en fijos hasta a un millón de eventuales.

Los temporales con más de dos años en un mismo puesto en 30 meses pasarán a fijos

Las empresas pagarán medio punto menos en cotizaciones por desempleo

La reforma laboral que el Gobierno, la patronal y los sindicatos han negociado durante más de un año está ya plasmada en un documento. El Ministerio de Trabajo hizo ayer público el borrador que se firmará en La Moncloa el próximo 9 de mayo y que persigue atajar la temporalidad abusiva en el mercado de trabajo y fomentar el empleo. Uno de cada tres asalariados tiene contrato temporal.

El Gobierno espera que la reforma esté en vigor el 1 de julio. Para ello ha elegido el procedimiento más corto, el del decreto ley, que impide modificaciones parlamentarias. Éstos son los principales aspectos:

- Encadenamiento de contratos. Es el principal foco de abusos. Para frenarlo, se fijará un límite por el que todo trabajador que encadene dos o más contratos temporales para un mismo puesto con duración superior a dos años en un plazo de 30 meses pasará a ser fijo. Esta novedad, como la mayoría de las que contempla la reforma, se incluirá en el Estatuto de los Trabajadores, lo que le confiere más fuerza. En la actualidad no hay límites al encadenamiento y el trabajador tiene que acudir a los tribunales para resolver la situación.

Para el cálculo de este periodo se tendrá en cuenta todo el tiempo que el trabajador haya permanecido en la misma función, aunque su contrato se suscribiera con una empresa de trabajo temporal. Y una vez entre en vigor la norma, se contabilizará todo contrato vigente, aunque se hubiera suscrito con anterioridad a la reforma.

El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, cree que la medida permitirá hacer fijos a entre 500.000 y un millón de temporales (una quinta parte de los existentes), según declaró ayer a Radio Nacional.

Otra forma de poner coto a la temporalidad es obligar a que los convenios colectivos impongan límites a la rotación de diferentes trabajadores en un mismo puesto, una práctica a la que recurren las empresas para evitar hacer fijo al empleado. Ahora es sólo una recomendación.

- Plan de choque. Para desatascar la actual bolsa de temporalidad (existen 5,3 millones de eventuales), se aplicará un plan transitorio que subvencionará a las empresas que hagan fijos a sus empleados temporales con contrato anterior al 1 de junio. El plazo para hacerlo expirará el 31 de diciembre de este año y las empresas recibirán 800 euros anuales por contrato durante un máximo de tres años. Convertir a los temporales en fijos tendrá otro aliciente temporal: podrán acogerse al contrato de fomento del empleo indefinido (con despido más barato, de 33 días por año trabajado, frente a los 45 ordinarios). Esta posibilidad se contempla para los contratos suscritos antes del 31 de diciembre de 2007.

- Inspección y servicios públicos. Se reforzará la Inspección de Trabajo hasta contar con 954 inspectores y 968 subinspectores al final de la legislatura (en 2008). Estas cifras representan casi un 20% de aumento sobre la plantilla actual. Además, los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) reforzarán su labor y se comprometerán a ofrecer un trabajo o un curso de formación u orientación a los parados inscritos en el sistema antes de seis meses, una obligación inexistente en la actualidad. Los Presupuestos Generales del Estado de 2007 recogerán "una adecuada dotación presupuestaria" para los servicios de empleo.

- Bonificaciones. Se amplía, con carácter general, de dos a cuatro años el periodo para percibirlas y se circunscriben sólo a la contratación indefinida. Las empresas y los autónomos que hagan contratos fijos recibirán ayudas de entre 500 y 3.200 euros (ver cuadro).

- Cotizaciones a la baja. Los empresarios pagarán menos a la Seguridad Social por desempleo. Del 6% de la base de cotización actual pasarán a pagar un 5,75% desde el 1 de julio de este año y el 5,50% a partir del 1 de julio de 2008. Además, se eliminará el sobrecoste que abonan por desempleo las empresas de trabajo temporal. Del 7,70% actual se pasará al 6,70% desde el próximo 1 de julio.

- Fondo de Garantía Salarial. También se reduce a la mitad (del 0,4% de la base al 0,2%) lo que cotizan los empresarios a este fondo, que cubre a los trabajadores cuyas empresas quiebran. El acuerdo aclara que las futuras modificaciones en el fondo dependerán de su situación financiera. A cambio, mejoran las prestaciones que concede. Aumenta desde el doble del salario mínimo interprofesional (540,0 euros al mes) al triple la cuantía máxima del salario que abona el fondo. Además, crece el máximo de días pendientes de pago (de 120 a 150) y mejoran las indemnizaciones, que ascenderán a un año de salario contando 30 días por año en lugar de 25.

El Fogasa también cubrirá a los trabajadores temporales, hasta ahora excluidos.

- Subsidio de desempleo. Los mayores de 45 años sin cargas familiares podrán cobrar el subsidio de desempleo seis meses una vez agotada la prestación contributiva (hasta ahora sólo podían hacerlo los parados con familia). También mejora la protección por desempleo para los fijos discontinuos.

- Contratas y subcontratas. Se considerará cesión ilegal de trabajadores cualquier subcontratación destinada en exclusiva a contar con mano de obra, sin ningún otro valor añadido de la empresa. Los sindicatos de la empresa principal podrán representar a los de la subcontrata si comparten el mismo centro de trabajo. Y deberá existir un libro de registro, a disposición de los representantes de los trabajadores, que recoja toda la información sobre la cadena de subcontratas que compartan el mismo centro de trabajo.

- Fin del contrato de inserción. Desaparecerá del Estatuto de los Trabajadores ese contrato creado en 2001 para insertar a jóvenes en labores de administraciones públicas o de entidades sin ánimo de lucro, con retribuciones muy bajas. El contrato está ya en desuso.