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Reportaje:

Última batalla contra las autovías

El Gobierno balear derriba las casas que simbolizaban la protesta vecinal

"¡Marbella! ¡Mafia!", gritaron en Ibiza con rabia, ayer por la mañana, unos cuarenta manifestantes de la plataforma antiautovía, cuando las excavadoras, amparadas por decenas de antidisturbios, entraron en los terrenos expropiados de la finca Can Malalt.

Desde hace unos cien días, colectivos ecologistas y de vecinos afectados por los polémicos trazados de las autovías han protagonizado una singular operación de resistencia a los proyectos del Gobierno de Baleares, del PP, que construye 40 kilómetros de vías, la máxima distancia entre los extremos de la mitificada isla.

En esta batalla desigual, el poder derribó en dos horas los bastiones simbólicos del frente opositor. Antes del alba, por sorpresa, las máquinas asolaron las cuatro casas de Can Na Palleva, una de ellas de 200 años. Con la invasión de Can Malalt, cayeron los baluartes de la lucha para rechazar unas obras públicas que se amortizarán por el sistema de pago diferido por uso durante 25 años, con un coste de 220 millones.

Los mensajes de móvil y los foros en Internet han actuado como el tam-tam de los antiautovías

Las casas desaparecidas, heredadas por Margalida Tur y por Toni Malalt -una mujer de derechas de 75 años y un militante comunista del campo a punto de jubilarse-, fueron los núcleos que congregaron un movimiento social que ha tenido gran eco por su persistencia y singularidad.

"La gente ha detectado que el problema que afecta a la isla no es viario, sino de aspecto mafioso", explicó Neus Prats, portavoz del grupo ecologista GEN. Los canales de Internet, en imágenes de cámaras de teléfono y vídeos de situación, alertaron del episodio. Los SMS y los chats han sido el tam-tam de los antiautovías, una malla social alternativa.

Decenas de guardias llegados en 27 jeeps protegieron la acción de las máquinas. Una treintena de manifestantes han sido detenidos en los 100 días de conflicto y algunos han sido condenados por faltas. Medio millar de propiedades quedan expropiadas y dos decenas de casas serán demolidas.

Durante semanas, decenas de vecinos se plantaron a pie de obra, ante las excavadoras, desafiando a los antidisturbios, para evitar, según Prats, "que se incumpliera la legalidad, se ocuparan casas y terrenos sin orden judicial, ni los trámites correctos".

Toni Malalt denunció ayer ante la Guardia Civil "una entrada en un domicilio sin orden judicial". En un juzgado de Ibiza se instruye una causa por supuesta violación de domicilio en la ocupación y expropiación de una de las fincas, por la que están imputadas varias personas ligadas al Gobierno. "Había que premiarles", replicó la consejera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, del PP, al ser emplazada a tomar medidas por la líder socialista Pilar Costa. Cabrer asegura que se ha esmerado en los procedimientos y que los tribunales le dan la razón.

"No construimos autopistas, son desdoblamientos. Los proyectos estaban en nuestro programa electoral", resalta Joan Marí, del PP, portavoz del Consell de Ibiza, que descalifica por "radicales y violentos" a los resistentes. "Detrás de esta campaña de agitación y propaganda está el PSOE", indicó en el Parlamento Joan Font, del PP.

Los topónimos de Can Na Palleva y Can Malalt identificaban humildes hogares de payeses, nacidos de propiedades fragmentadas en cada generación. Tras la batalla, el asfalto y el hormigón enterrarán los enclaves en los que se había bloqueado el paso de las autovías, mediante la defensa civil y a través de recursos judiciales. "Cayeron unos símbolos, pero levantaremos otros", auguró Toni Malalt.

Un momento de las demoliciones de Can Na Pavella.
Un momento de las demoliciones de Can Na Pavella.VICENT MARÍ

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