El Gobierno lanza un plan para proteger de las avenidas a 32 municipios valencianos

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentó ayer el plan integral contra avenidas en la cuenca del Poyo, que afecta a 32 municipios de siete comarcas valencianas y prevé obras de adecuación ambiental y drenaje desde Buñol y Chiva hasta L'Albufera. Las actuaciones exigirán que las poblaciones preserven las zonas afectadas de la urbanización. El proyecto prevé zonas y vías verdes para absorber puntas de caudal de los barrancos del Poyo, la Saleta, Pozalet o el Gallego. Unos 200.000 habitantes están directamente afectados por el riesgo de inundaciones.

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y los técnicos del organismo, reunieron ayer a los alcaldes afectados para presentarles un plan cuyos primeros estudios se remontan a 1995. La obra del encauzamiento del barranco del Poyo en su último tramo, entre Paiporta y el parque natural de L'Albufera concluyó a finales de abril, pero queda pendiente una larga lista de actuaciones en la cuenca que se han debatido con las poblaciones afectadas hasta alcanzar "un grado de consenso bastante amplio", explicó ayer el director técnico de la Confederación, Joaquín Andreu.

El plan abarca una extensión de 440 kilómetros cuadrados en la que viven, en un área de fuerte desarrollo económico y urbanístico, más de un millón de personas, de las cuales unas 200.000 son "potenciales afectados" de las periódicas inundaciones que provocan los desbordamientos de barrancos y ramblas en localidades de L'Horta. Los daños de estas avenidas se sitúan en una media de 32 millones de euros anuales y nuevos crecimientos urbanísticos elevarían al doble esta cifra si no se actúa. El proyecto, con una inversión de 146,9 millones de euros -la Generalitat aporta seis en obras complementarias y estabilización de suelos-, dimensiona las medidas para controlar avenidas de 500 años de retorno.

La reforestación de la cabecera de la cuenca del Poyo y la sujeción del terreno serán las principales actuaciones en los municipios de Buñol, Chiva y Cheste. Las localidades de Riba-roja y de Quart de Poblet albergarán nuevas extensiones de zona verde -en total más de 5,5 millones de metros cuadrados- dispuestas con el fin de que puedan laminar avenidas y puntas de caudal del barranco del Pozalet, el Poyo y Gallego. Las áreas verdes, que en tiempos secos serán accesibles a los ciudadanos, absorberán agua sobrante y la desaguarán lentamente en cauces tratados medioambientalmente (las llamadas vías verdes) y conducciones hacia el nuevo cauce del Turia y por el barranco del Poyo hasta llegar a L'Albufera. En Aldaia, la tubería de cerca de un kilómetro será subterránea.

El plan, iniciado con la obra del tramo final del barranco del Poyo, se ejecutará a partir de finales de 2007 y por un periodo de entre tres y cinco años. El proyecto exigirá de los ayuntamientos que en su crecimiento tengan en cuenta el drenaje de nuevas aguas y preserven el espacio afectado del desarrollo urbanísticos. El suelo es ahora básicamente agrícola y no urbanizable. Moragues destacó la "gran importancia" del proyecto, que también reducirá el aterramiento de L'Albufera.