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Estatut: hemos ganado

Algunos comentaristas políticos, después de pasarse semanas pregonando las "rebajas" que se estaban produciendo en la negociación del Estatut en Madrid, empiezan a reconocer, ya publicado el resultado final, que el nuevo Estatut mantiene sus puntos esenciales y no ha sido alterado en lo fundamental. A medida que se pueda analizar el texto aprobado esa impresión irá convirtiéndose en mayoritaria.

Las fuerzas políticas catalanas que hemos apoyado el Estatut hemos ganado la batalla. Lo saben el PP y el PSOE. Los populares lo han expresado con rabia y crispación. El PSOE lo soporta, intentando diluir determinados contenidos, demorar acuerdos imprescindibles y ocultar voces críticas que en su interior denuncian que se ha cedido demasiado. CiU, PSC, ERC y ICV-EA deberían celebrar y explicar lo conseguido: un Estatut que eleva de forma importante el autogobierno que el Estatut de 1979 reconocía a Cataluña. Sin embargo, ERC, en una muestra de inmadurez que pretende disfrazar de "dignidad nacional" parece no enterarse de lo que ocurre ni de las fuerzas a las que nos estamos enfrentando. Los republicanos deberían interrogarse sobre los motivos por los que el PP ha pasado de demonizarlos a lanzarles constantes alabanzas por su "indiscutible coherencia". Lo triste para ERC es que sus diputados pasarán a la historia de las interioridades de la discusión en el Congreso como los formuladores de una interpretación, más técnica que política, de cariz centralista y devaluadora del nuevo Estatut que espero no sirva en un futuro como argumento interpretativo para justificar alguna sentencia del Tribunal Constitucional contraria a los intereses de Cataluña.

Los diputados de Iniciativa hemos mantenido una actitud firme pero discreta y abierta a la negociación. Estamos convencidos que el tiempo demostrará que nuestro enfoque ha sido más fructífero, aunque no haya proporcionado titulares tan llamativos como los que otorgan las salidas de tono. Las Cortes españolas y el pueblo catalán votarán en referéndum por vez primera el reconocimiento de Cataluña como nación, ubicado en el Preámbulo, y de sus símbolos, definidos como nacionales, y de sus derechos históricos, incluidos en el articulado. El Título Preliminar consagra, también, un principio reivindicado desde la reinstauración de la democracia: la plena igualdad jurídica del catalán y el castellano que la Constitución obvió.

El Estatut incorpora un potente Título de Derechos y Principios Rectores, avanzado y progresista que suscita el temor de los sectores más reaccionarios, conscientes de la trascendencia de unos derechos exigibles ante los tribunales. El sistema institucional de Cataluña queda bien definido, con un Síndic de Greuges con competencias exclusivas, un Consejo de Garantías Estatutarias que el PP ha definido como un auténtico Tribunal Constitucional, un Consejo del Audiovisual que queda blindado para enojo de la derecha, un modelo municipalista avalado por las dos organizaciones representativas de los municipios catalanes, y una organización territorial que hace posible la sustitución de las diputaciones provinciales por los Consejos de veguería.

El Estatut ha sido la punta de lanza que habrá permitido adaptar el poder judicial al sistema autonómico. Sólo hace falta observar las reacciones de los sectores más conservadores del Consejo del Poder Judicial para entender la envergadura del cambio que implica que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia judicial, que se cree el Consejo de Justicia de Cataluña, una parte del cual será elegida por el Parlament, o que se establezca que jueces y magistrados tendrán la obligación de acreditar un conocimiento adecuado del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de la ciudadanía. En el Título de Competencias el cambio es evidente: la definición de la tipología de las competencias permite "blindar" la posición de la Generalitat, que estará en mejores condiciones para defenderse ante el Tribunal Constitucional frente a intentos del Estado de inmiscuirse en su ámbito de actuación. El salto adelante en nuevas competencias, que han de permitir mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, es indiscutible: desde Cercanías y trenes regionales de Renfe al traspaso de los inspectores de trabajo, desde la capacidad de proteger el litoral a que el presidente de la Generalitat presida la Junta de Seguridad de Cataluña, desde la competencias en materia de inmigración a la participación de la Generalitat en el organismo de gestión de los Paradores del Estado. El artículo 140.3 del Estatut, será, que nadie lo dude, la llave de entrada de la Generalitat, concretada en leyes posteriores, en la gestión de los aeropuertos y puertos catalanes.

El texto también consagra la relación bilateral de la Generalitat con el Estado a través de una comisión bautizada con ese nombre y que jugará a partir de ahora un papel esencial. Al mismo tiempo se concretan fórmulas de participación de Cataluña en la Unión Europea y en organismos internacionales de la importancia de la UNESCO.

El nuevo sistema de financiación no es el definido el 30 de septiembre pero es muy parecido al formulado por los consejeros Castells, Huguet y Saura como propuesta del tripartito. Tiempo habrá de glosar detenidamente los avances que supone disponer de mayor autonomía fiscal, una Agencia Tributaria consorciada a la estatal, un concepto federal de la solidaridad que pondrá fin a la discriminación que Cataluña ha padecido o la garantía de recibir las inversiones del Estado que nos corresponden.

Es evidente que no se ha conseguido todo lo definido en el Proyecto aprobado por el Parlament. Algunos negociaban mientras mandaban a sus militantes a colgar pancartas con el lema Ningún recorte en Madrid; otros explicábamos que aquel texto sería modificado pero que lo importante era mantener los aspectos esenciales que hemos defendido a capa y espada. Estamos razonablemente satisfechos. Y ERC debería explicar a la ciudadanía cuál habría sido su posición en el Congreso si sus votos hubieran sido decisivos y, sumados a los del PP, hubieran impedido la aprobación del nuevo Estatut. ¿También habría votado que no?

Jaume Bosch es diputado en el Parlament y vicepresidente de ICV.

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