El Gobierno catalán fija con los sindicatos una pensión mínima de 331 euros en 2006

Suben las pensiones más bajas en Cataluña. El Gobierno catalán y los sindicatos firmaron ayer un acuerdo para crear el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sustituye al indicador estatal para compensar el diferencial de precios catalán respecto al conjunto de España. Personas con una pensión inferior a ese índice, fijado en 509,8 euros para 2006, recibirán una ayuda. Pero como resulta muy caro, su aplicación será gradual. En 2006, se aplicará el 65% de esa cuantía: 331,35 euros al mes. La Generalitat elude calificar de "complemento" esta ayuda, para no topar con la legislación estatal.

En el pasado, el Gobierno del PP y varios Ejecutivos autónomos, entre ellos la Generalitat catalana, se enfrentaron por un caso idéntico. Jordi Pujol subió las pensiones más bajas para compensar las pérdidas por la inflación más alta en Cataluña y el ex presidente del Gobierno José María Aznar respondió con la Ley de Pensiones, que impedía a las comunidades complementar los subsidios más bajos para que fueran iguales en todas las autonomías.

El real decreto de 25 de junio de 2004 para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional, por el que se creó el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM),

permite a las autonomías establecer indicadores propios en ejercicios de sus competencias. Y, de acuerdo con la futura ley catalana de prestaciones, actualmente en trámite parlamentario, el nuevo IRSC garantizará una ayuda económica adicional a las personas que reciben pensiones por debajo de dicho índice.

Pero la Generalitat está encorsetada por dos flancos: por ley, no puede aplicar ningún "complemento, ampliación o modificación", y las ayudas no pueden "exceder del 25% del importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva", de acuerdo con la Ley 4/2005 de 22 de abril.

Fuentes del tripartito y de los sindicatos aseguran que la medida ha sido pactada con la Administración de Zapatero y que, de modo intencionado, se refiere a la subida como "ayuda" en lugar de "complemento".

En algunos casos, la ayuda supone duplicar la cuantía de la pensión. Ocurre con las pensiones asistenciales del Fondo de Asistencia Social (FAS) y con el subsidio de garantía de ingresos mínimos de la Ley de Integración Social de Minusválido (LISMI), cuyas cuantías fijadas por el Gobierno central para 2006 son de 149,86 euros mensuales.

Aunque la futura ley catalana de prestaciones persigue garantizar ingresos para que ningún ciudadano de Cataluña viva por debajo del IRSC, las ayudas beneficiarán en su primer año a más de 262.000 pensionistas, según cálculos del Departamento de Bienestar y Familia.

Además de los perceptores de subsidios FAS y LISMI, afectan también a las personas menores de 60 años que perciben pensiones de viudedad -que este año quedarán exentas de la ayuda, porque las suyas están fijadas en 347,22 euros-, SOVI (327,04 euros) y pensiones mínimas no contributivas (301,55 euros).

Pero en Cataluña, el 53,6% de los pensionistas -766.408 de un total de 1.436.255- vive con menos de 500 euros al mes. En otras palabras, alrededor del 10% de la población de Cataluña vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido por la Unión Europea como el 60% de la renta media de cada país.

En España el IPREM lo fija en 479,99 euros al mes para 2006. En Cataluña, este año será de 509,8 euros, el 6,4% superior, de acuerdo con el diferencial de precios de Cataluña respecto al conjunto de España.

La ayuda se hará efectiva en enero de 2007 sobre los ingresos y las rentas de 2006. Debido a su coste, alrededor de 50 millones de euros en su primer año de ejecución, según el Departamento de Economía y Finanzas, se pondrá en marcha de forma gradual: para este año, un 65% del IRSC, y, a final de la legislatura, en 2007, deberá alcanzar el 80%, según reza en el acuerdo de competitividad de la economía catalana.

El acuerdo fue rubricado ayer en un acto solemne en el Palau de la Generalitat por los consejeros Antoni Castells (Economía y Finanzas), Jordi Valls (Trabajo e Industria) y Anna Simó (Bienestar y Familia) y los secretarios generales de Comisiones y UGT de Cataluña, Joan Coscubiela y Josep Maria Álvarez, respectivamente.