Uruguay envía el Ejército a vigilar en la frontera a los manifestantes argentinos contra las papeleras

En medio de una creciente tensión entre Argentina y Uruguay, unas 50.000 personas se dirigieron ayer desde el lado argentino al puente que separa ambos países a la altura de Gualeguaychú -a unos 150 kilómetros al norte de Buenos Aires- para protestar por la construcción de dos fábricas de pasta de celulosa en la ciudad fronteriza uruguaya de Frai Bentos. En un gesto sin precedentes, por primera vez en el año que lleva el conflicto, la Armada uruguaya hizo un notable despliegue en la otra orilla. Un portavoz militar anunció que la circulación de peatones sobre el puente quedaba prohibida y recordó que la soberanía uruguaya empieza en la mitad del puente que cruza el río Uruguay.

Los manifestantes, que exigen la paralización de las obras de las fábricas, que construyen la empresa española Ence y la finlandesa Botnia, marcharon sobre el puente a pesar de las advertencias hechas por expertos sobre el peligro potencial que podría generar una gran masa de personas sobre la estructura. Las fábricas tienen que entrar en funcionamiento en 2007 y 2008 y suponen la inversión más importante de la historia de Uruguay, (1.400 millones de euros).

Argentina acusa desde hace un año al país vecino de violar el tratado sobre el río Uruguay, alegando la potencial contaminación que las fábricas generarán en el río Uruguay y la cuenca del Plata. Para el próximo viernes, está previsto que el presidente Kirchner encabece un multitudinario acto en Gualeguaychú al que ha convocado a todos los gobernadores del país. Desde el pasado enero, salvo unos pocos días de tregua, la frontera entre ambos países a la altura de Frai Bentos está cortada por activistas argentinos.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, de visita oficial por México y Estados Unidos, ha recordado que Argentina "debería preocuparse por la salud de sus propios ciudadanos", en alusión a las papeleras instaladas en territorio argentino, a las que diversas organizaciones ecologistas acusan de causar graves daños medioambientales. Vázquez subrayó además que Montevideo no aceptará que "absolutamente nadie de fuera" decida sobre la construcción de las fábricas.