El Parlamento reclama los 'papeles de Salamanca' y de la Fundación Sabino Arana

Un acuerdo entre el PSE-EE y el tripartito permitió ayer un pronunciamiento de la Cámara que respalda la petición cursada por el Ejecutivo a la Administración central para que le remita la documentación del primer Gobierno vasco que se encuentra en el Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. A instancias de los socialistas, el tripartito aceptó incluir también la exigencia de que la Fundación Sabino Arana entregue la documentación análoga en su poder. La moción da un año al Gobierno para presentar el proyecto de Archivo Nacional que acogería todos los papeles.

La proposición inicial del tripartito se presentó después de que el Consejo de Gobierno acordara en marzo formalizar su reclamación de la documentación de Salamanca, y se centraba en respaldar esa exigencia y en reivindicar la legitimidad del Ejecutivo autónomo de la República y el exilio. Los socialistas introdujeron ayer idéntica reclamación para la Fundación Sabino Arana (vinculada al PNV), de la que depende el Archivo del Nacionalismo Vasco de Artea, que también deberá entregar al futuro Archivo Nacional vasco los originales en su poder.

La enmienda transaccional aprobada -la apoyó también Aralar, aunque no el PP ni EHAK-, declara, a instancias del PSE, que el Parlamento hace suyo el principio de legitimidad que ha propiciado el traslado a Cataluña de la documentación de la Generalitat depositada igualmente en Salamanca. Ese criterio alcanza "incontestablemente" al Gobierno vasco de 1936, según defendió el parlamentario socialista Antonio Rivera, ya que su legitimidad radica, como en el caso catalán, de su Estatuto de Autonomía, votado en las Cortes y plebiscitado al inicio de la guerra.

Los socialistas vascos se muestran, así, en desacuerdo con la valoración realizada en su día por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien declaró que el Gobierno vasco de la época carecía de la legitimidad republicana del catalán, porque aquél se constituyó una vez empezada la guerra civil.

Basándose en la reclamación de esa idéntica legitimidad negada por la ministra, la Cámara vasca instó al Gobierno central a que traslade la documentación y expresó su voluntad de que ello se produzca "a la mayor brevedad; en todo caso, antes de que termine esta legislatura de las Cortes, en 2008.

El Gobierno autonómico carece en estos momentos de un archivo general al que incorporar la documentación si se devolviera ahora mismo. El Archivo Nacional de Euskadi existe como promesa para esta legislatura, pero el Gobierno se verá obligado ahora a agilizar su trabajo, porque antes de un año tiene que enviar a la Cámara el proyecto de creación, según le obliga la proposición acordada ayer.

A él irán a parar también la documentación histórica del actual Gobierno vasco y del Consejo General Vasco que le precedió, presidido por el socialista Ramón Rubial, durante la preautonomía; la correspondiente al Consejo General Vasco constituido por Manuel de Irujo en Londres; la documentación de las delegaciones vascas en distintos países americanos y la que tiene la Universidad de Reno o una copia de ella.

El PP se opuso bajo el argumento de que no conviene "trocear" los archivos y se preguntó por qué el Gobierno de Zapatero no hace lo mismo con el Archivo General de Indias. "La decisión de Cataluña no fue técnica ni científica, y en este caso tampoco lo será", dijo el popular Fernando Maura.

EHAK, por su parte, pedía el derecho de autodeterminación en su enmienda y se abstuvo porque el Archivo que creará el Gobierno vasco no abarcará a Navarra ni al País Vasco francés. Una posición que criticó la diputada de Aralar, Aintzane Ezenarro, de quien Nekane Erauskin dijo a su vez que no admitirá "lecciones de territorialidad".