Los escándalos de tres ministros británicos ponen de nuevo a Blair a la defensiva

Aunque firme en los sondeos, el Nuevo Laborismo parece haber entrado en una crisis con aires de fin de reinado que ha puesto en la picota esta semana a tres ministros clave del Gobierno. En el caso más problemático para el primer ministro, Tony Blair, la oposición ha pedido la destitución del titular de Interior, Charles Clarke, por no deportar a más de mil extranjeros al término de sus penas de cárcel, al tiempo que el viceprimer ministro, John Prescott, ha admitido un idilio con su secretaria, y la responsable de Sanidad, Patricia Hewitt, tiene en pie de guerra a los empleados de la sanidad pública.

Todo este seísmo sucede a una semana de las elecciones locales del 4 de mayo, en las que los expertos pronostican un batacazo laborista, a pesar de que los sondeos sobre las elecciones generales siguen reflejando un sorprendente vigor del Gobierno y la incapacidad de los conservadores de convertirse en una alternativa clara.

Unas veces por Irak y otras por la incompetencia o los deslices de sus ministros, Blair vive en el alambre. La infidelidad conyugal del viceprimer ministro, Prescott, de 67 años y bastantes kilos de peso que representa al viejo Laborismo y cuya extrovertida y malhumorada personalidad le ha servido de salvoconducto entre los periodistas, ha pasado de refilón al lado de las otras dos crisis, que tocan aspectos muy próximos a los electores: la seguridad ciudadana y la sanidad.

La crisis del Ministerio del Interior es especialmente dañina y puede arrastrar a la dimisión a su responsable, Charles Clarke, uno de los ministros más fieles a Blair. En síntesis, el problema es que desde 1999 hasta ahora han sido liberados más de 1.000 presos extranjeros que legalmente podían haber sido extraditados a sus países. La prensa y la oposición han presentado el asunto con una fuerte deriva xenófoba y alarmista, denunciando el peligro que esas liberaciones suponen para la seguridad de los británicos como si los ex convictos extranjeros fueran más sanguinarios que los nacionales.

Blair se negó ayer a aceptar la dimisión de Clarke, "porque se trata de gente que ya había cumplido sus sentencias, aunque se ha querido dar la impresión de que han sido puestos en libertad antes de tiempo". Pero más allá de esas consideraciones, el problema es que las liberaciones y la renuncia a la deportación no han sido fruto de una decisión sopesada, sino de la falta de coordinación de los diferentes organismos del Ministerio. Los responsables de prisiones no sabían qué reos debían ser deportados por consejo de los jueces y, de hecho, en muchos casos hasta desconocen la nacionalidad misma de los presos. Peor aún para Clarke, las liberaciones se han acelerado desde que en octubre tuvo conocimiento del problema.

La ministra de Sanidad, Patricia Hewitt, otro puntal de Blair en el Gabinete, parece también al borde del abismo tras sufrir un gélido recibimiento el lunes en el congreso del sindicato de servicios, Unison, y ser abucheada repetidamente el miércoles en el congreso del Colegio de Enfermeras, un colectivo especialmente querido por los británicos y los medios de comunicación. Hewitt parece haber perdido el apoyo de los empleados de la sanidad pública, que no comprenden que el déficit del sector esté provocando el recorte de miles de empleos, en un momento en que el Gobierno está inyectando mucho dinero en el sistema sanitario.

La oposición denuncia que el problema es que ese dinero ha llegado sin que el Gobierno haya sido capaz de reformar de antemano el sector, por lo que están bajando los ratios de productividad y colapsando las finanzas de muchos hospitales. Y mientras los médicos callan porque han disfrutado de considerables aumentos de sueldo, las enfermeras se quejan de que sus salarios crecen menos, pero sus responsabilidades aumentan de manera mucho más pronunciada. Y aunque la atención sanitaria ha mejorado, lo que se palpa en vísperas de las elecciones es la sensación de que la sanidad está en crisis.