No imponer, no impedir

Con título muy apropiado para un Viernes Santo, Ramón Jáuregui avisa en su artículo de ese día (Tentaciones peligrosas. EL PAÍS, 14-04-2006) de posibles tentaciones en el proceso de paz, cayendo él mismo en uno de los pecados contra los que alerta, ya que al peligro de que sea utilizado por los nacionalistas para imponer un determinado estatus jurídico político a los no nacionalistas contrapone como bien el excluir radicalmente que pueda llevarse adelante una articulación institucional "en el marco de la viejas reivindicaciones nacionalistas".

Ya es significativo que entre los factores que han conducido a lo que denomina "triunfo de la sociedad vasca y de la democracia española" cite el llamado pacto por las libertades y contra el terrorismo, cuyo preámbulo exige de las formaciones nacionalistas la renuncia a postulados ideológicos y proyectos legítimos como "condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas -se cita PNV y EA- al marco de unidad de los partidos democráticos".

Desde su imagen de rostro amable del socialismo, con enorme dogmatismo, da instrucciones a dos bandas. Dice a todo el mundo lo que hay que hacer: al entorno del Partido Popular que puede "esconder una actitud interesada en que el proceso no avance" o "una discutible voluntad de colaboración en el proceso de paz", le llama, en tono amable eso sí, a la lealtad. Pero, curiosamente, es hacia otro lado donde acredita mayor dureza y descalificación, las reivindicaciones de los partidos nacionalistas (no todas iguales, por cierto) presentes en el paisaje político vasco.

Queda claro que, frente a la importancia del método democrático, el hablar todos con todos, con respecto al pluralismo político y que decida la mayoría cuanto más amplia mejor, desde su posición privilegiada en el partido mayoritario en el Estado, que no en Euskadi, opta por advertir de que hay topes y límites: no van a admitir que se impongan concepciones nacionalistas cualquiera que sea la adhesión en votos que obtengan, la convivencia plural a la que alude deberá ser sin predominio nacionalista. "La amplia mayoría de vascos en torno a un proceso común" deberá consistir entonces en que los nacionalistas nos acerquemos a sus posiciones ¿renunciando a las nuestras? aunque puedan tener mayor implantación.

La acusación es intentar aprovechar fraudulentamente una ocasión histórica. Si ello se debe a que es frecuente aludir en expresión conjunta, a un proceso de pacificación y normalización, esto no ha supuesto nunca mezcla entre ambos aspectos o momentos aunque sea evidente la relación de las dos cuestiones. Se cita ahora como modélico el Pacto de Ajuria Enea, que lo fue para la pacificación y normalización, y el propio Ramón Jáuregui participó en el proceso que cristalizó en la declaración de S'Agaró, de 21 de abril de 2002 "por la paz, la normalización y la concordia civil en Euskadi", promovido por el Institut de Drets Humans de Catalunya y el Fòrum Civic pel Diàleg en el que se reunieron políticos e intelectuales vascos y catalanes para crear espacios de intercambio, reflexión y diálogo.

Como político informado que es, sin duda conoce el documento estratégico "Elkarbizitzarako bake-bideak" (10-10-2005), iniciativa de EAJ-PNV ante el final dialogado de la violencia y la normalización política, previo al anuncio del alto el fuego permanente. En él están claramente diferenciadas dos partes: "I. La sociedad vasca busca caminos de paz"; y "II. Una oportunidad para la normalización política". El significativo tratamiento separado de ambas cuestiones no desanima a quienes desean la descalificación, o también el cierto adoctrinamiento, el ir haciendo opinión en el Estado.

No es tampoco obstáculo para acusar el tenor del comunicado de la ejecutiva nacional de EAJ-PNV o la declaración institucional del Consejo del Gobierno Vasco, de absoluta lealtad al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero y de colaboración para la consecución de la paz definitiva, separando lo que deberá hablarse con ETA, de la aspiración legítima de que, una vez en paz y en libertad, la sociedad vasca tenga la posibilidad de decidir su propio futuro. El tratamiento de ambas cuestiones aparece en todo momento en planos separados, y así se recoge en declaraciones de representantes políticos institucionales. Por todas, la reiteración del mensaje del presidente Josu Jon Imaz: "Separar por higiene democrática el diálogo con ETA de la mesa de partidos" y, en el mismo día de publicación del artículo al que aludo, el titular de la entrevista al propio Imaz en otro diario: "Un acuerdo político entre partidos no puede ser consecuencia del diálogo con una organización como ETA".

Una última cuestión. He encontrado realmente antiguo el mensaje que Ramón Jáuregui transmite frente al nacionalismo y sus reivindicaciones; es otra vez la doctrina de tantos y tantos políticos y analistas vertida en el momento de presentación y tramitación del plan del lehendakari, de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. Suena a años atrás, cuando en determinados ámbitos caló el mensaje de que las aspiraciones de los nacionalistas vascos encierran siempre alguna ilegitimidad democrática, sobre la que él se atribuye ya el juicio objetivo. No falta ni la alusión al árbol y las nueces, propia de opinadores del entorno de la Cope.

Pero el tiempo histórico se ha acelerado, mucho ha cambiado en los últimos años, todos nos hemos movido. Sólo permanece inalterable el mensaje machaconamente descalificador del nacionalismo vasco.

Afianzada la paz, desde EAJ-PNV buscamos, en efecto, un marco de convivencia distinto que el actual, queremos que la sociedad vasca -toda- pueda decidir libre y democráticamente su futuro mediante el acuerdo y el pacto que aúne las diferentes sensibilidades políticas de este país. Pedimos a los demás y asumimos un doble compromiso: no imponer un acuerdo de menor aceptación que los actualmente vigentes, pero también que no se impida un acuerdo de mayor aceptación que éstos. El componente de "viejas -o nuevas- reivindicaciones nacionalistas" que conformen el resultado final, sólo debe depender de la decisión democrática del pueblo vasco y del peso electoral en él de cada opción política. No de un veto de salida que busca obtener, este caso sí, clara ventaja política.

Margarita Uria es diputada del Grupo Vasco (EAJ-PNV).