El Ejecutivo reclama tener mayores competencias sobre inmigración

El director de Inmigración, José Roberto Marro, reclamó ayer más competencias para su área y consideró "relevante" que el nuevo Estatuto catalán otorgue a la Generalitat la potestad para tramitar y conceder autorizaciones de trabajo. El nuevo director de Inmigración compareció por primera vez en el Parlamento desde que accedió al cargo el pasado mes de enero, en sustitución de Omer Oke.

Marro expuso, a petición del PSE, las líneas generales de su mandato, poniendo el acento en la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre este fenómeno y la puesta en marcha de un segundo Plan de Inmigración, que recoja los frutos del primero y siente los pilares de la política migratoria vasca. El alto cargo de Asuntos Sociales rechazó la imagen del inmigrante como "un perceptor de ayudas" y aseguró que "la mayoría de inmigrantes son trabajadores y contribuyen al enriquecimiento económico y cultural" de la sociedad en que viven.

En este sentido, opinó que si Euskadi dispusiese de mayores competencias y pudiera emitir autorizaciones de trabajo "permitiría un ordenamiento flexible y acorde con las necesidades del mercado de trabajo y, sobre todo, favorecería la integración de los trabajadores extranjeros".

Puso como ejemplo el nuevo Estatut catalán y consideró "relevante" que otorgue competencias a Cataluña en esta materia. Citó su artículo 138, que establece que "corresponde a la Generalitat la acogida de las personas inmigrantes, su atención sociosanitaria y orientación". Además, otorga a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros asentados laboralmente en Cataluña, aunque en coordinación con el Estado, agregó.

Esquema "insostenible"

Marro explicó que sería importante para Euskadi conseguir esta competencia porque permitiría "regular el mercado de trabajo y evitar que una persona residente legal tenga que esperar nueve meses hasta que le concedan la autorización de trabajo".

Opinó que el esquema actual "es insostenible" porque ningún empresario va a esperar nueve o diez meses a conseguir autorización para incorporar a un inmigrante a su empresa. En este sentido, reiteró que el actual ordenamiento jurídico es "incompatible" con mayores competencias para las comunidades autónomas y pidió la derogación de la Ley de Extranjería.

Por otro lado, explicó que intentará lograr el mayor consenso posible en torno al segundo Plan Vasco de Inmigración a través de su negociación con el resto de administraciones implicadas y con los agentes sociales y sindicales. Durante su comparecencia, valoró el papel que juegan las administraciones locales en la atención al colectivo llegado de otros países y los sistemas de coordinación establecidos en el primer plan.

La cifra de extranjeros empadronados en Euskadi creció un 23% en 2005 hasta las 72.766 personas (a fecha de 1 de enero de ese año). Álava es el territorio con mayor porcentaje de extranjeros sobre su población total (5%), aunque la mitad de inmigrantes vive en Vizcaya.