Los nacionalistas pretenden que las diputaciones sigan aprobando los planes municipales

Las modificaciones que plantea el PNV para dar un carácter "más social y universal" a la ley, según su parlamentario Juan Antonio Arieta-Araunabeña, afectan a aspectos sustanciales del proyecto relacionados con la reserva de suelo para viviendas protegidas, los ingresos para optar a estos pisos y la aprobación de los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos. Éstas son las principales diferencias entre la propuesta nacionalista y el proyecto de ley:

- Reserva de suelo. El PNV quiere que no haya diferencias entre suelo urbano y urbanizable y que el 80% se reserve para viviendas de protección pública, tanto de protección oficial (VPO) como pisos tasados. Además, aboga porque un 20% de estas construcciones sean de alquiler social.

El texto del proyecto de ley establece una diferencia entre suelo urbano y urbanizable. Para el urbanizable, fija una reserva del 55% para VPO, del 20% para tasada (más cara para atender a quienes tienen más ingresos de los exigidos para participar en sorteos de pisos protegidos) y el 25% restante para libre. En suelos urbanos (preparados para edificar), el cupo es del 20% para VPO, 10% para tasada y el 70% libre. Con el modelo del PNV, quedaría a criterio de cada ayuntamiento decidir cuántas VPO y pisos tasados se construyen en cada terreno, con lo que algunos consistorios podrían optar mayoritariamente por las tasadas, más caras, en detrimento de las VPO.

- Sin límite de ingresos. El PNV quiere que el acceso a la vivienda protegida sea universal, sin límite de ingresos. Así, cualquier ciudadano podría participar en los sorteos de pisos. Por contra, el acuerdo cerrado entre Vivienda y el PSE extiende la oferta de VPO para ciudadanos con ingresos menores a 30.100 euros anuales brutos y la tasada para quienes ganen menos de 43.000 euros. Según un estudio del Gobierno, un 42% de los solicitantes de pisos no puede pagar más de 120.000 euros.

- Planes generales. El proyecto garantiza la capacidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para aprobar sus planes generales de ordenación urbana, una competencia que recaía hasta ahora en las diputaciones, lo que permitirá agilizar los planeamientos urbanísticos.

El PNV defiende que sigan siendo las diputaciones las que den el visto bueno final. La poderosa Diputación de Vizcaya, presidida por el PNV, es una de las más firmes defensoras de mantener esta potestad. En caso contrario, los nacionalistas quieren que los ayuntamientos de más de 3.000 vecinos pueden aprobar los planes y no sólo los de 20.000. Según el PNV, el proyecto podría implicar una modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH) al conllevar un reparto competencial diferente al recogido en la norma que regula el entramado institucional vasco.