El primer bienio

LA CELEBRACIÓN de los dos primeros años del mandato de Zapatero como presidente del Gobierno (el Congreso votó su investidura el 16 de abril de 2004) se propone movilizar a sus partidarios para afrontar un final de legislatura abrumado por las citas electorales: municipales, autonómicas y legislativas. El lapso temporal escogido resulta euforizante a los efectos de la campaña propagandística: según los sondeos, la aceptación de Zapatero y la intención de voto del PSOE han subido desde el pasado marzo gracias a la solución de compromiso sobre el Estatuto de Cataluña aprobada por el Congreso y al alto el fuego de ETA. El trimestre horrible que padecieron los socialistas a consecuencia de la maximalista propuesta estatutaria aprobada por el Parlamento catalán del 30 de septiembre de 2005 hubiese resultado inhóspito para cualquier festejo.

La voluntad de ampliar las fronteras de lo políticamente posible y la audacia para reformar los estatutos e iniciar la vía de un eventual final dialogado de ETA marcan la gestión de Zapatero

La experiencia de Zapatero como profesional de la política se había limitado al ámbito del PSOE (miembro de la Ejecutiva desde 1997, fue elegido secretario general el año 2000) y del Congreso (donde ocupó un escaño a partir de 1986); formado en los valores del sistema constitucional ("mi patria es la democracia", contestó en su día a un dirigente nacionalista) y de la izquierda posmarxiana, ha probado durante estos dos años su capacidad de gestión al frente del Ejecutivo. Desahuciado por el PP como presidente accidental -secuela azarosa del 11-M condenada a la fugaz provisionalidad- y despreciado por Rajoy como bobo solemne, Zapatero se ha afianzado, sin embargo, en su primer bienio de mandato. La destreza del presidente del Gobierno para tejer alianzas y recabar apoyos alternativos capaces de completar su mayoría parlamentaria se ha visto favorecida por la suicida estrategia de impotente aislamiento del PP; el supuesto presidente accidental ha desactivado con éxito la desestabilizadora ofensiva de una oposición desleal que acusa al Gobierno de ocultar sus oscuras connivencias con el 11-M y de traicionar a los muertos al suscribir pactos secretos con ETA y pagar precios políticos a cambio de la tregua.

A falta de un balance completo del primer bienio (la política económica, la acción exterior, la educación, la sanidad y la justicia formarían parte de ese examen), se diría que su principal motor ha sido la voluntad de ensanchar las fronteras de lo políticamente posible respecto a la anterior experiencia de Gobierno del PSOE, aunque sin romper la continuidad con la etapa de Felipe González. El listado de esos territorios vírgenes es muy variado: la retirada militar de Irak, la ampliación de los derechos civiles (desde el matrimonio homosexual a la igualdad de la mujer y la penalización de la violencia de género, pasando por la reforma del divorcio), los derechos sociales de la tercera edad (el proyecto de ley de dependencia), la extensión de la ciudadanía más allá de la nacionalidad (la regularización de medio millón de inmigrantes), la defensa del laicismo frente a las cesiones hechas a la Iglesia por el PP (el papel de la religión en los planes de estudio escolares) y el reconocimiento de la deuda contraída por la democracia de 1978 con las anteriores generaciones (las víctimas ignoradas de la Guerra Civil y de la represión franquista).

Esa combinación de audacia estratégica, imaginación política y asunción de riesgos y costes elevados también ha servido de enfoque para acometer la solución de dos envenenados problemas empujados en los últimos años hacia un callejón sin salida: la redistribución territorial del poder autonómico (una reivindicación que no se limita sólo a Cataluña y el País Vasco) y las vías para acabar con la violencia de ETA. La aversión irracional y fóbica del ala dura del PP y la ultraderecha radical hacia Zapatero como impulsor de ese programa de innovaciones y reformas iguala o supera el odio soportado en su día por Azaña y Felipe González. En última instancia, los resultados de las líneas de actuación puestas en marcha durante este primer bienio tendrán su correspondiente respuesta electoral en forma de premio o de castigo cuando los ciudadanos sean llamados a las urnas al final de la legislatura.