Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:

La justicia resarce por el 'corralito'

Un tribunal argentino compensa a un ciudadano arruinado por el Estado

¿Cuánto vale la angustia de perder los ahorros de toda una vida? ¿Cómo se miden en billetes los problemas de sueño, el desengaño ante un sistema social que se desmorona o el sentimiento de confianza traicionada por la institución que en principio debe proteger a los ciudadanos?

La sentencia abre la puerta a cientos de miles de personas que pueden alegar que han sufrido daños morales

¿Cuánto vale la angustia de perder los ahorros de toda una vida? ¿Cómo se miden en billetes los problemas de sueño, el desengaño ante un sistema social que se desmorona o el sentimiento de confianza traicionada por la institución que en principio debe proteger a los ciudadanos? A ello ha respondido un tribunal de lo contencioso-administrativo de Buenos Aires con una sentencia que por primera vez condena al Estado a pagar por daños psicológicos y morales derivados de la congelación de ahorros inmediatamente previa a la catástrofe que vivió Argentina en diciembre de 2001, conocida como corralito.

En la memoria de los argentinos está grabado para siempre el primer sábado de diciembre de 2001, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba oficialmente que no se podrían retirar en efectivo más de 250 pesos semanales. Por ley, un peso era igual a un dólar, pero los argentinos ya llevaban días agolpándose ante las ventanillas para sacar sus ahorros. Habían quedado bloqueados 55.000 millones de dólares.

En esa situación estaba un mecánico electricista porteño de 54 años que tenía depositados en el banco Nación, una banca comercial de capital público, 118.000 dólares. Semanas después, el Gobierno anunciaba que un dólar ya no valía un peso, sino tres, y que todas las cuentas en dólares pasaban automáticamente a pesos. "Empezamos el asunto en los tribunales inmediatamente", subraya Eduardo Kenig, letrado del mecánico. Su cliente prefiere no hablar con la prensa, entre otras cosas, porque la sentencia va a ser recurrida por el Estado. "Primero se ganó un juicio por resarcimiento, para recuperar la totalidad de la cantidad perdida, y luego comenzamos a evaluar con peritos e informes el daño moral y psicológico e iniciamos el pleito en mayo de 2003", añade el letrado, con centenares de casos incoados.

La sentencia señala que el mecánico debe recibir algo más de 7.100 euros por daños psicológicos y unos 1.400 euros por daño moral. Una cifra pequeña para el presupuesto argentino, pero que puede abrir la puerta a cientos de miles de personas que, incluso habiendo aceptado las condiciones del Gobierno, pueden alegar daños morales,

"Hay que distinguir dos grupos de demandantes: la gente que tiene derecho a que le devuelvan su dinero, que son todos, y también los que necesitan sus ahorros para vivir", explica Patricia Ulloa, que lleva 200 casos, en su mayor parte ancianos y enfermos. Ulloa sufrió en su familia las consecuencias del corralito. Cuando su padre, un maestro jubilado que tenía 75 años, se encontró con que no podía retirar los ahorros de toda su vida y trató de suicidarse con una sobredosis de pastillas. Mientras él agonizaba, Patricia comprobó que el seguro médico para el que su padre llevaba años cotizando ni siquiera tenía una ambulancia. El hombre salvó la vida ("aunque no la esperanza", apunta Ulloa) y su hija, abogada, decidió llevar el caso, luego aceptó los de amigos de su padre y después los de personas mayores.

Ulloa denuncia que desde 2001 hay 700.000 ancianos que no han visto aumentada en un solo peso su pensión, mientras que el coste de la vida ha subido un 74%. "Hay gente que tenía miles de dólares en el banco como ahorros para su vejez y ahora malvive con 380 pesos (unos 108 euros) al mes", asegura Ulloa.

Desde 2001 ha habido numerosas sentencias a favor de los clientes, aunque en muchos casos, al no ser definitivas, las cantidades adeudadas permanecen como fianza. "Estos fallos favorables no son más que tiros por elevación, porque todo queda en el aire hasta que la Corte Suprema se pronuncie", opina Ulloa. "Es importante, porque en general los Estados no prestan atención a las consecuencias económicas de los daños que infligen con sus medidas", afirma Kenig.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de abril de 2006