El Ararteko apremia a las instituciones a mejorar la atención a las maltratadas

El Ararteko ha constatado la existencia de ciertas deficiencias en la atención que las instituciones prestan a las mujeres maltratadas, carencias que se aprecian, sobre todo, en el servicio policial, en la asistencia jurídica y en el acceso a las viviendas protegidas. El Defensor del Pueblo Vasco detalla en su último informe de actividad, correspondiente al año 2005, algunos de estos problemas y apremia a las administraciones a que los resuelvan para ofrecer una respuesta "coordinada y planificada" a la lacra social que supone la violencia doméstica.

Dentro de su informe de 2005, el ararteko, Iñigo Lamarca, dedica un amplio capítulo al seguimiento de la problemática de las mujeres maltratadas y a comprobar si se han ido solventado los problemas que ya puso de relieve en un estudio extraordinario sobre esta cuestión publicado a finales de 2003. En esta oportunidad, los técnicos de la oficina del Ararteko han recabado directamente el testimonio de las mujeres que utilizan los servicios que ofrecen las administraciones, desde pisos de acogida a asistencia jurídica. Para ello, han visitado pisos de media estancia en Álava y Guipúzcoa, centros de acogida en Bilbao y San Sebastián y un centro de media estancia en la provincia de Vizcaya.

En cuanto a los servicios de alojamiento, el Ararteko vuelve a poner de relieve la "improcedencia" del requisito exigido para aceptar a mujeres en algunos pisos de acogida de titularidad municipal en Bilbao de que hayan presentado una denuncia judicial por el maltrato sufrido. "Resulta lógico", dice el Ararteko, "que la Administración busque maneras de cerciorarse de la existencia de una necesidad real de acogimiento por parte de la mujer, pero debe, así mismo, admitir que la denuncia es un mero instrumento para la protección frente a la violencia de género, y no el único ni el más eficaz". En definitiva, insiste el Ararteko, acudir a la vía penal constituye una opción de la mujer agredida, aunque de ningún modo puede convertirse en una obligación para ella.

Falta de información

En cuanto al servicio policial, Lamarca reconoce que se ha producido una mejora en la asistencia, derivada de una mayor sensibilización, pero advierte de que siguen produciéndose casos de "atención incorrecta" y, sobre todo, de "descoordinación" entre distintos cuerpos policiales. El problema más reiterado en las entrevistas a mujeres maltratadas es que los agentes no comentan la posibilidad de tener asistencia jurídica a cargo del turno de oficio de los colegios de abogados. Lo habitual es avisar al abogado sólo si la afectada va a solicitar una orden de protección; decir a la víctima que le asistirá el letrado en el juzgado o facilitarle un contacto telefónico en lugar de presencial. Esta deficiencia afecta a diversas policías locales y a varias comisarías de la Ertzaintza.

El Ararteko lamenta que las policías locales no hayan avanzado suficiente en la uniformización de datos sobre la violencia doméstica y que el Departamento de Interior tampoco haya realizado "la necesaria labor de impulso" en ese sentido. Por otra parte, los "escasos" cursos de formación que se ofrecen no se dirigen a toda la plantilla y son voluntarios.

El informe recoge una deficiencia en los turnos de oficio que prestan los abogados. "Existe una falta de información a las mujeres sobre el contenido específico de la primera asistencia gratuita. Parece que algunas campañas institucionales han creado falsas expectativas". Por otro lado, algunas usuarias relatan que se sintieron maltratadas por los abogados del turno de oficio, a quienes atribuyen un "total desconocimiento" de las situaciones provocadas por la violencia sexista. Otra protesta muy generalizada es la que se refiere a la amplitud y complejidad de la documentación exigida para obtener la asistencia jurídica gratuita. En un momento de crisis personal profunda, encontrándose con frecuencia fuera del domicilio habitual, a muchas víctimas les resulta imposible reunir toda la documentación.

El Ararteko también aprecia "desinformación" entre los técnicos de los servicios sociales de base a la hora de asesorar a las mujeres sobre el plan de vivienda protegida puesto en marcha por el Gobierno para ellas.