Arrestos para la próxima batalla

Si usted piensa que la batalla del Estatuto toca a su fin, y que todo se acabará a mediados de junio con el referéndum en Cataluña, se equivoca. La confrontación continuará, aunque con nuevas y posiblemente más agudas controversias. Es ley de vida; de la vida de la España plural que nos hemos inventado con la Constitución democrática de 1978. Y no nos debería asustar.

Lo que sí puede estar disminuyendo (aunque sólo sea momentáneamente) es la batalla de las pasiones políticas, centrada en la rivalidad entre identidades nacionales y en los discursos grandilocuentes y retóricos sobre grandes conceptos políticos. Pero después, a partir de septiembre, se iniciará la batalla de los intereses. Y, de nuevo, arderá Troya. Me explico.

Habrá que convencer al resto de españoles de que no se discute la solidaridad ni la igualdad de derechos, sino el igualitarismo en la distribución de recursos

Como no podía ser de otra forma, la decisión de Pasqual Maragall de cambiar la forma de entenderse con el resto de España que había mantenido Jordi Pujol durante los 25 años anteriores, abrió un periodo de excesos, temores, amenazas y contra-amenazas. La razón es que la transparencia crea más conflicto y ruido que la opacidad.

Pujol siempre fue partidario de la estrategia del peix al cova, de negociar partida a partida y con cierta opacidad, con los gobiernos de Madrid y con la Administración central, metiendo en el cesto del presupuesto y de las competencias de la Generalitat la pesca conseguida en cada negociación, sin poner en ningún momento en cuestión el marco estatutario y constitucional.

Por el contrario, Maragall rechaza esa relación, por pedigüeña y poco adecuada para una democracia moderna. Quiere buscar una más transparente, que considera más digna. Pero esta relación más abierta y nítida no es necesariamente menos conflictiva. Puede, como así ha sido, aumentar el conflicto y el ruido político.

Posiblemente este efecto haya sorprendido al propio Maragall. Como no tiene objetivos ocultos en relación con la unidad política de España, creyó que sus propuestas no crearían grandes recelos. Pero no fue así. En el camino, han quedado, caídos o malheridos, amigos y aliados. Por otro lado, muchos españoles perciben el catalanismo españolista de Maragall como más peligroso y errático que el nacionalismo de Pujol. A falta de mayor discernimiento, muchos se rigen por el aforismo de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Quizá no guste, pero así son las cosas.

Sin duda, una buena parte de esos miedos y ruidos fueron provocados por los propios excesos ("pidamos la Luna") que contenía la propuesta de Estatut salida de la Comisión del Parlament y lo que después se le añadió para lograr el apoyo de CiU.

Tampoco esto debería asustarnos. Esos excesos forman parte del juego propio de una democracia plural, abierta y competitiva. Como diría Artur Mas, si sabes que vas a tener que negociar y pactar en Madrid, ¿por qué te vas a autocastrar en Cataluña? Vamos, que el trabajo sucio y desagradable lo hagan otros y lejos de casa. Para unos será cinismo; para otros, puro pragmatismo. En todo caso, bien está lo que bien acaba.

Pero ahora, a la espera que Puigcercós y Carod Rovira resuelvan sus diferencias y encuentren un atajo, y algún incentivo (¿quizá una foto?), que permita a ERC votar sí, comienza otra batalla que no va a ser menos ruidosa y conflictiva. Es la lucha por la financiación autonómica.

En junio tendremos nuevo Estatut, pero quedará aún por negociar el nuevo modelo de financiación. Los criterios e indicadores que finalmente se utilizarán para la financiación se han de acordar en las negociaciones que tendrán lugar de forma multilateral -es decir, entre todos, menos los vascos-, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y para esa nueva batalla el consejero Castells presumiblemente encontrará pocos aliados, si es que encuentra alguno.

Una relación más transparente y abierta puede volver a generar nuevos malentendidos y conflictos redistributivos. El riesgo es que afloren de nuevo las acusaciones recíprocas de "egoísmo catalán" y de "expolio español". Convendría, por ello, esforzarse en no enfocarlo como un juego de suma cero: "si yo gano, tú pierdes". Parece difícil, pero las mejores escuelas de negocios se ganan la vida enseñando estrategias de win-win: "si tu ganas, yo gano".

La campaña del referéndum puede ser un buen momento para estrenar esta estrategia. Pero hay también que jugar fuera de casa. Como lo ha hecho CiU, con su campaña de radio en Andalucía.

¿Cuál será el fondo político y doctrinal de esa nueva confrontación? Habrá que convencer al resto de españoles de que no se discute la solidaridad ni la igualdad de derechos básicos de todos, sino el igualitarismo en la distribución de recursos, en el diseño de las políticas y en la gestión del sector público. ¿Qué tiene que ver con la igualdad o la solidaridad el que yo gestione de forma más autónoma mi aeropuerto? (Por cierto, excelente artículo sobre esta cuestión el de Germà Bel en el suplemento Negocios de EL PAÍS el pasado 12 de marzo).

Para esa batalla hay que llenar las alforjas con nuevos conceptos y argumentos. Uno de ellos ha de ser el de la "equidad". Este concepto puede ayudarnos a reformar el Estado y encontrar un nuevo compromiso más transparente y justo en la sociedad española.

Para ello, puede ser útil leer la obra de John Rawls Teoría de la justicia. La combinación de su "principio de igualdad" con el "principio de la diferencia", actuando a cara descubierta (principio de de publicidad) y protegidos por el "velo de ignorancia" (nadie sabe a ciencia cierta, cuando negocia, cómo va a quedar al final) puede conducir a un nuevo compromiso social y territorial más justo y equitativo, que, a su vez, refuerce el compromiso constitucional y la convivencia en común.

No es nada fácil. Pero tampoco lo fue el pacto social y territorial que dio lugar a la democracia. En todo caso, mi idea es que la equidad debe ser la palabra clave en la nueva etapa, como igualdad lo fue en los últimos 25 años.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.