La SGAE demanda en Euskadi cada año a 400 comercios por no pagar derechos de autor

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que representa a 85.000 músicos, compositores y autores dramáticos y audiovisuales, se considera amparada por las leyes y la jurisprudencia a la hora de recaudar los derechos de autor derivados de la difusión pública de sus obras. Pero no todos aceptan de buen grado esa mediación, y 400 comercios vascos son demandados cada año por no pagar por mantener encendida una televisión o un equipo de sonido. Esa cantidad de pleitos es la máxima que permite el presupuesto de su programa judicial.

"No es un tema que económicamente sea rentable para la SGAE, porque a nosotros esto nos supone un gasto enorme", subraya Ignacio Casado, director general de la SGAE en la zona norte. Por eso se ha establecido un límite de 400 demandas anuales en Euskadi, porque el dinero disponible no da para más reclamaciones, aunque se supone que son pocos más los comercios que se resisten a hacer efectivas las cuotas que exige la sociedad. Por ejemplo, todo local público que cuente con una televisión para disfrute colectivo debe pagar al menos 14 euros mensuales. Por disponer de un equipo de sonido, a los bares y otros comercios cuyo negocio no depende directamente de la música les corresponde abonar 19 euros.

Mayor importe soportan discobares y todos los que "utilizan la música como un elemento necesario para el negocio". A ellos, hasta 100 metros cuadrados de superficie, se les grava con 88 euros. Por cada 50 metros adicionales, hay que sumar otros 22 euros. Por encima están los desembolsos que deben afrontar por "amenización musical" espacios como aeropuertos (hasta 297 euros) y estaciones de autobuses (hasta 182). Casado defiende que "las tarifas son baratas, no son desequilibrantes de ningún tipo de negocio", y recuerda que está obligado a pagar todo aquel que "hace utilización de una música o de un repertorio audiovisual en su establecimiento", independientemente de que sea una peluquería, una tienda de ropa o un bar. Pero no todos aceptan de buen grado el pago.

Ni siquiera lo hacen dinamizadores de la escena musical vasca como Juan Carlos Bilbao, quien regenta desde 1984 el bar Muga, clásico punto de encuentro de la movida bilbaína, y puso en marcha hace tres años el festival Bilbao Acción Rock. "Yo pago porque hay que pagar, porque tienen un equipo de abogados que están a amedrentar. Y lo que no me parece bien es que no me pregunten qué música pongo yo en mi bar, para luego efectuar el reparto del dinero. Llevo años pidiéndoles unos impresos en los que apuntar qué canciones, y de qué autores, pongo, y nunca me los han enviado. Dicen que tienen un método estadístico muy fiable, una especie de media que acaba beneficiando a los que más venden", protesta Juankar Muga.

El director de la SGAE revela que la mitad de las demandas se concentran en Vizcaya, y el 60% en el sector hostelero, y minimiza el problema al asegurar que en realidad hay "muy poca litigiosidad", ya que los casos conflictivos suponen un porcentaje muy reducido. "Normalmente el que no paga, tampoco paga a muchísimos proveedores. Fundamentalmente, el más conflictivo es el moroso profesional", asegura.

Sin buena imagen

Además, la mitad de los demandados cambian de opinión antes de llegar a los juzgados, tras los primeros apercibimientos, lo que tampoco impide que afronten el desembolso a regañadientes. Pese a proclamar unos fines loables para el dinero que recauda, brindar un salario a los autores una vez descontado un 15% como gastos de gestión, la SGAE no goza de una imagen amable.

Sirva como ejemplo el hecho de que cuando uno introduce la palabra "ladrones" en google, el buscador más socorrido en Internet, la primera web que se propone abrir es www.sgae.es. "Eso se debe a que a nadie le gusta pagar. Pagar es muy duro y muy difícil. Hacienda tampoco tiene mucha mejor imagen que nosotros. Además, los que pagan controlan todos los altavoces que hacen que tengamos esa mala fama", justifica Ignacio Casado. Después de todo, antes de que entre en vigor la reforma prevista de la Ley de Propiedad Intelectual, parece que la ley está de su lado y que, de los que acaban resolviendo sus diferencias ante un juez, pagan, salvo un porcentaje muy bajo. "Si se pierden esos asuntos es por defectos de forma, por falta de pruebas o por no saber quién es el dueño del negocio", especifica el representante.