Suráfrica busca a sus desaparecidos

Secuestrados, torturados, quemados. O reventados por explosivos atados a sus torsos. Los restos, pocos, enterrados en fosas comunes. Se supone que en ellas están los cadáveres de más de mil asesinados en la represión de la población negra por el Gobierno surafricano del apartheid entre 1960 y 1994. Es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la organización a la que recurrió hace dos años la fiscalía surafricana para recuperar e identificar a los desaparecidos por causas políticas. La dictadura de Argentina, con cerca de 30.000 muertos o desaparecidos, les hizo especialistas.

"En Argentina, la represión se caracterizó por la sistematicidad", explican Claudia Bisso y Anahi Ginarte, miembros del EAAF. "En Suráfrica, la represión fue muy fuerte, pero se daba desde las instituciones legales, no hubo un plan premeditado para ocultar los cadáveres, por eso el número de desapariciones es menor". El EAAF se formó en 1984 para identificar los restos y la causa de la muerte de los desaparecidos durante la dictadura militar argentina. Su especialización en represaliados políticos se extendió a otros países y han actuado ya en más de treinta (Bosnia, Kosovo, Congo, Chile, Croacia o Perú entre ellos).

Se calcula que hay cerca de 2.000 desaparecidos a manos de la represión blanca. Ya han sido exhumados 23, y 5, entregados a sus familias

Madeleine Fullard, responsable del equipo de desaparecidos de la fiscalía surafricana, explica que la presencia argentina no se debe a una falta de personal propio, "sino a que éste no había trabajado nunca en violaciones de derechos humanos". Los objetivos del trabajo en común incluyen la formación de estudiantes para constituir un equipo "que sirva a la región y al continente".

El trabajo de Fullard se inició con la Comisión de la Verdad, que se formó en la Suráfrica democrática en 1995, y en la que asesinos y supervivientes dieron testimonio. Los primeros pidieron amnistía, y los segundos, la verdad. Los familiares de los desaparecidos, saber. La Comisión vio 500 casos de desapariciones, de los que 150 "presentaban pistas suficientes para iniciar investigaciones", dice Fullard, quien apunta que "los desaparecidos podrían llegar a 2.000, no todos se denunciaron".

Durante 2005, la organización ha exhumado los restos de 23 personas. Los trabajos requirieron inspeccionar fuentes escritas (archivos, registros de defunción, autopsias) y orales (familiares, testigos, enterradores). Cinco cuerpos han sido entregados a las familias para su entierro. Bisso cuenta que el trabajo con las familias es muy cercano. Son ellos los que deben dar datos sobre los desaparecidos para su identificación (si tuvieron enfermedades que se puedan ver en los huesos, si tuvieron accidentes, radiografías dentales) o proveer de muestras de ADN.

El trabajo en África es ligeramente diferente, según las argentinas, porque "la concepción de la familia extensa se amplía del núcleo familiar a primos, tíos, primos segundos que buscan al desaparecido igualmente". La exhumación se sigue con la pompa requerida en los funerales africanos, y antropólogos surafricanos colaboran en el proceso y explican cada paso que siguen. Bisso añade que los sentimientos de los familiares es siempre contradictorio, "de tristeza por corroborar la muerte y de paz por tener respuestas". La colaboración durará mientras el equipo de Fullard lo requiera. Ahora siguen trabajando en la identificación de restos y tienen previstas más devoluciones a las familias.

Una espera de 20 años

Nonhlanhla Dlamini, antropóloga y arqueóloga, voluntaria surafricana, explica su participación: "Los frutos del trabajo científico son indirectos, y en este caso es todo lo contrario: trabajamos con familias que han esperado 20 años para saber y podemos ver los resultados". Y añade: "La devolución de los cadáveres es importante para mi país, ellos murieron por mi libertad".

Dlamini asistió a la exhumación de cinco tumbas del grupo Mamelodi 10, así llamado porque los desaparecidos fueron 10 adolescentes de 15 a 22 años, del suburbio de Mamelodi (Pretoria) que en 1986, tras ser engañados por un infiltrado del servicio secreto con la promesa de unirlos a la guerrilla antiapartheid, fueron secuestrados, drogados y encerrados en una furgoneta cargada de explosivos. Quedaron sólo unos cuantos huesos. "Los familiares estaban contentos, agradecidos, nos daban la mano continuamente. Pensaban en una Suráfrica mejor, en el futuro", dice Nonhlanhla.

El proyecto se podría extender a Namibia, donde las fosas hablan de la guerra entre el ejército surafricano y las guerrillas de liberación de la Swapo. La Suráfrica democrática ha ofrecido al país vecino su colaboración porque, según Fullard, "tenemos una responsabilidad moral, política y práctica". El trabajo incluirá, además, a los 120 condenados a la horca por el Gobierno del apartheid, el destino de cuyos cadáveres es desconocido. Los muertos por pena capital eran propiedad del Estado. Todo un pasado por explicar.