El Gobierno y los nacionalistas vascos guardan silencio hasta que se verifique la autenticidad

Tanto el Gobierno vasco como el PNV y EA optaron ayer por guardar silencio hasta que, al menos, se verifique la autenticidad de las cartas y se aclare si fueron enviadas antes o después del alto el fuego. El departamento vasco de Interior adujo que nunca realiza valoraciones de este tipo, mientras que la presidencia del Gobierno de Vitoria anunció que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se pronunciará hoy. Las ejecutivas del PNV y EA coincidieron en no realizar valoración alguna hasta disponer de datos precisos.

Fuentes cercanas al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, señalaron que los que tienen que hablar primero son "los verificadores" del alto el fuego. Esa labor corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Ertzaintza. "Mientras ellos no lo hagan, nosotros no tenemos nada que decir", señalaron esas fuentes. El tercer socio del Gobierno, Ezker Batua, dijo que "ETA sabe que estamos en una fase de verificación y también sabe que no cabe ningún tipo de excepción", recalcó su portavoz, Mikel Arana.

Por su lado, el portavoz del Gobierno navarro, Alberto Catalán, mostró su solidaridad y apoyo a los empresarios de la Comunidad Foral ante la aparición de estas nuevas cartas de extorsión y afirmó: "Llama poderosamente la atención que cuando se anuncia un alto el fuego por parte de una banda terrorista se sigan produciendo actuaciones de estas características. No se puede avanzar en esta nueva situación hasta que se erradique este tipo de comportamientos y se condenen por parte de sus autores".

La agencia Vasco Press asegura que ETA ha enviado durante los últimos años entre 70 y 130 cartas de extorsión mensualmente, según fuentes de la lucha antiterrorista. Entre los años 2001 y 2003, ETA registró ingresos por extorsión de alrededor de 130.000 euros al mes, como media de todo el periodo. En 2004, los ingresos se hundieron de forma espectacular y cayeron a la mitad de los años anteriores, situándose en torno a poco más de 60.000 euros al mes, cifra insuficiente para cubrir los gastos de la banda.