La Generalitat es la mayor morosa de la industria farmacéutica y le debe 607 millones

La Sanidad valenciana encabeza la lista de morosos de Farmaindustria, la patronal de los grandes laboratorios farmacéuticos y proveedores de la inmensa mayoría de fármacos de consumo habitual, con una deuda acumulada de 607 millones de euros, la más alta entre todas las comunidades autónomas. Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, ha denunciado en el Senado que la Generalitat paga con un retraso medio de 750 días. La Consejería de Hacienda difundió ayer el cambio de destino de 409 millones de euros para cubrir gastos de farmacia de 2005.

El sistema sanitario que gestionan las comunidades autónomas debe a los laboratorios farmacéuticos 2.192 millones de euros, según datos de Farmaindustria. La Comunidad Valenciana, que gestiona los servicios de Sanidad desde 1988, acumula el 28% del total de la deuda. Sólo Andalucía, que duplica en población a la Comunidad Valenciana, acumula obligaciones similares con una deuda 591 millones de euros.

Cataluña, por ejemplo, apenas debe a los grandes laboratorios 108 millones de euros. La Comunidad de Madrid, que gestiona los servicios sanitarios desde 2002, acumula ya una deuda de 191 millones de euros, según Farmaindustria.

La Generalitat Valenciana, además, es la que más retrasa los pagos. Farmaindustria estima un retraso medio de 329 días para el conjunto del sistema sanitario, menos de la mitad del registro que arroja la Sanidad valenciana, muy por encima del sistema sanitario andaluz, que difiere sus pagos como media hasta 519 días.

La ley contra la morosidad, aprobada en noviembre de 2004 como resultado de la transposición de una directiva europea de 2000, establece que cualquier pago a proveedores que se retrase más allá de 60 días acumulará un interés de demora de siete puntos por encima del Euríbor.

El director de Farmaindustria alertó de la situación hace dos semanas en una comparecencia en el Senado y deslizó la necesidad de forzar a los gobiernos regionales a cumplir la ley. La patronal de los laboratorios anuncia ahora que acudirá a los tribunales para reclamar los pagos pendientes a pesar de que los procedimientos judiciales en los tribunales de lo contencioso administrativo pueden dilatarse varios años.

La Sindicatura de Comptes denunció un agujero de 1.200 millones de euros en las cuentas de Sanidad correspondientes al ejercicio 2004. Los responsables de la gestión económica de la consejería dejaron de contabilizar facturas pendientes de pago por esa cantidad por la sencilla razón de que carecían de crédito para asumirlas, una opción acorde con normas elementales de ortodoxia presupuestaria.

Vicente Rambla, consejero de Sanidad y responsable de Hacienda en la pasada legislatura, optó por hacer tabla rasa de las cuentas de Sanidad a partir de 2005 y elevar el paquete pendiente a la calificación de problema financiero que corresponde afrontar al responsable de Hacienda.

Los presupuestos de la Consejería de Sanidad para 2005 consignaban una partida de 870 millones de euros para prestaciones farmacéuticas, pero la cantidad resultó insuficiente. El Diarii Oficial de la Generalitat Valenciana difundió ayer dos modificaciones de crédito, aprobadas ambas en diciembre de 2005, por un montante conjunto de 409 millones de euros para cuadrar las cuentas de 2005. Los fondos proceden, en un caso, de un alza de ingresos de 199 millones de euros prevista como resultado de la recaudación del impuesto sobre actos jurídicos documentados, esencialmente operaciones de compraventa de vivienda; y, en el otro, como resultado del recorte de gastos en decenas de programas de diversas consejerías por un total de 210 millones.

La inyección de fondos se suma a una práctica que impulsa Sanidad para diferir los pagos a proveedores y que consiste en invitarles a aceptar documentos de confirming, una carta de pago a 90 o 120 días que permite al proveedor anticipar esos ingresos, con el coste correspondiente, en entidades financieras concertadas con la Generalitat. Una fórmula que desliza el problema y convierte en acreedores a las entidades financieras.