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Editorial:

Otegi y la legalidad

Arnaldo Otegi tuvo que dar explicaciones ayer ante un tribunal de justicia sobre su intervención, en 2003, con su partido ya ilegalizado, en un homenaje a un antiguo dirigente de ETA. Se trata de una de las cinco causas abiertas contra él, una de las cuales le llevó hace unos días a prisión, de la que pudo salir tras pagar una fianza de 650.000 euros. Lo primero que hizo al abandonar la cárcel fue participar en una manifestación en protesta por la prohibición judicial de un acto convocado por Batasuna. Hubo miles de manifestantes pero no pancartas de la organización ilegal, y tanto Otegi como los demás dirigentes de Batasuna se abstuvieron de dirigir la palabra a los asistentes y rehusaron hacer declaraciones.

Son episodios del pulso que se está desarrollando desde el inicio del alto el fuego. La izquierda abertzale, con el apoyo de una parte del nacionalismo institucional, considera que la tregua deja sin sentido los procesos en curso contra miembros de Batasuna o su entorno, y que tampoco hay motivo para mantener la ilegalización de ese partido. E incluso se pide, por inútil, la derogación de la Ley de Partidos. Sin embargo, no hay forma de revocar la sentencia del Tribunal Supremo que sacó a Batasuna de la legalidad. Y para que sus miembros pudieran formar un partido nuevo, con otro nombre, tendrían que presentar unos Estatutos que incluyeran claramente el compromiso de no vinculación con la violencia y de acatamiento de la ley.

Batasuna no será legal si opta por saltarse sistemáticamente la ley y desobedecer las resoluciones judiciales. Del mismo modo que el alto el fuego está en fase de verificación, también Batasuna está a prueba. Sus dirigentes lo saben, como demuestra el hecho de que expresamente declarasen que acataban la prohibición del acto previsto para el sábado pasado, a diferencia con otras muchas ocasiones. Que no se impidiera la manifestación convocada contra esa prohibición por unos particulares entra dentro del margen de lo que la ley permite. Y siendo legal la convocatoria, nada impedía la asistencia de Otegi, que no tiene restringido ese derecho.

Lo significativo de la manifestación no fue la participación de dirigentes del partido ilegalizado, sino su manifiesta voluntad de evitar cualquier comportamiento que pudiera considerarse ilegal. Algunos de esos dirigentes comprendieron con su ilegalización los efectos ineludibles de su sometimiento a ETA; ahora están haciendo la experiencia de la necesidad de respetar los límites de la ley. Es torpe reaccionar igual cuando acatan que cuando desafían.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de abril de 2006