La Seguridad Social se personará en el fraude de las pensiones de Jerez

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se personará en el proceso judicial que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jerez (Cádiz) por la compraventa de pensiones de invalidez y bajas laborales fraudulentas, en el que están imputadas 10 personas, entre ellas el inspector médico del Servicio Andaluz de Salud Francisco Castro, que ingresó en prisión el domingo, y la esposa del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, que quedó en libertad tras abonar 12.000 euros de fianza. El juez Juan José Parra dejó en libertad provisional con fianza a otros tres detenidos y en libertad provisional sin fianza y con cargos a los cinco restantes.

La dirección provincial del INSS en Cádiz se personará en las diligencias como principal afectada por el fraude pero también para acceder a la información sobre el alcance de estas irregularidades, según la Delegación del Gobierno en Andalucía. Cuando se levante el secreto sumarial, la información permitirá a la Administración estatal revisar aquellas pensiones que se han concedido de forma ilícita y proceder a su anulación, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

El INSS es el organismo encargado de conceder o denegar las pensiones por invalidez, si bien los técnicos que realizan una valoración médica previa del paciente para que reciba la prestación dependen, en este caso, del Servicio Andaluz de Salud (SAS). De hecho, el único imputado que ha ingresado en prisión por esta trama de momento ha sido Francisco Castro, un inspector médico del SAS, considerado el máximo responsable de la red que expedía bajas médicas y propuestas fraudulentas. Otras dos funcionarias del SAS, Mercedes D. C. y María Dolores G., están también imputadas en el supuesto fraude, aunque el juez las dejó en libertad provisional sin fianza.

Sin "anomalías" estadísticas

La Junta de Andalucía, que también se personará en el procedimiento judicial, anunció ayer la apertura de un expediente administrativo a estos tres funcionarios del SAS. El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, afirmó que los expedientes "pueden llevar aparejado, como mínimo, la suspensión de empleo". Gómez Periñán precisó que "en dos o tres días" determinarán las medidas cautelares que adoptarán con los tres empleados públicos. "Si estas personas están imputadas por algún delito relacionado con el ejercicio de su profesión en la administración, habrá consecuencias administrativas que también podrían suponer la suspensión del sueldo", añadió.

Por su parte, el delegado provincial de Salud en Cádiz, Hipólito García, explicó que "no se desprenden anomalías" de la documentación estadística que revisaron ayer. García aseguró que el número de propuestas de incapacidad realizadas por el inspector médico encarcelado por el supuesto fraude está "en la línea de las propuestas del resto de los compañeros" del departamento.