Vivienda tramita de urgencia el decreto que prohíbe la venta de pisos tutelados

El Departamento de Vivienda está tramitando con carácter de urgencia el decreto que va a prohibir la venta de los pisos tutelados, con el propósito de que entre en vigor antes de las vacaciones de verano. Con esta regulación que quiere frenar en seco la especulación que se está haciendo con ese tipo de apartamentos para mayores de 60 años. Tan sólo en Álava existen 1.600, entre los que están en construcción y los proyectados

El decreto modificará la actual y escasa regulación sobre los pisos tutelados, que está incluida en un decreto de 1998 en el que se incorporó esta figura de manera experimental. Pero lo que nació como un ensayo se ha convertido en un verdadero negocio inmobiliario, ya que, al considerarse equipamiento, puede construirse en suelo no residencial, aunque luego se venden según precios de mercado.

El nuevo decreto vincula los pisos tutelados a los servicios sociales y saca esa figura del juego de la oferta y la demanda, hasta el punto de considerarlo un instrumento más de planificación ligado a los servicios sociales municipales y forales. El nuevo decreto no afectará a aquellos apartamentos que ya dispongan de todas las autorizaciones.

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Luis Fernando Consuegra, justifica la urgencia de la nueva regulación porque en la actualidad este tipo de apartamentos "ha dejado de ser un experimento y es una realidad, cada vez a mayor escala".

Sólo en Álava, la provincia en el que ha experimentado un crecimiento considerable, hay unos 1.600 apartamentos tutelados proyectados, de los que 275 están en construcción. Sólo 191 son de titularidad pública. De hecho, hasta 1998 sólo había públicos. Es a partir de esa fecha cuando la regulación permite construir y promover a la iniciativa privada.

Servicios sociales

El nuevo decreto prohibirá la compra-venta de ese tipo de pisos para personas mayores, así como la adquisición total o parcial de la propiedad por parte del usuario. La oferta estará ligada a las necesidades de determinados colectivos, y el acceso se hará a través de los servicios sociales municipales y forales.

El nuevo decreto va a concretar mejor la función de esas viviendas y el catálogo de servicios mínimos que han de ofrecer a sus usuarios, así como la gestión de las mismas. La regulación exigirá la constitución de una gestora vinculada a los servicios sociales para el acceso y el control de los elementos comunes. También garantizará la continuidad en el tiempo de la calidad del servicio con la presencia de un responsable o de un sistema de telecontrol, dependiendo de las necesidades del colectivo usuario.

Cuando el usuario deje el apartamento, por fallecimiento u otra causa, éste volverá a los servicios sociales para reasignarlo a otro demandante. El usuario pagará una cantidad de dinero por el alojamiento y los servicios que necesite y utilice. Entre ellos estarán los de enfermería, servicio de comidas, lavandería, atención sanitaria, fisioterapia o masaje, podología, peluquería, y limpieza, entre otros.

Los apartamentos individuales tendrán entre 25 y 34 metros cuadrados, y los dobles, entre 35 y 45.