Fabricantes de hormigón exigen que se cumpla la ley contra la morosidad
La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), el producto que trasladan los camiones hormigonera como proveedores de todo tipo de construcciones civiles o inmobiliarias, denunció ayer en Valencia el incumplimiento de la ley contra la morosidad, aprobada en noviembre de 2004, que establece que los pagos por cualquier servicio o mercancía deben afrontarse en un plazo máximo de 60 días. En caso contrario, el coste del servicio se encarecerá en proporción directa a un interés anual de siete puntos por encima del euribor.
Francisco Javier Martínez de Eulate, presidente de Anefhop, explicó que la denuncia va esencialmente dirigida contra las grandes constructoras, contratistas de las administraciones públicas, que dilatan por contrato el pago de cualquier servicio una media de 210 días sin intereses. "Los grandes contratistas alegan que como ellos no cobran no pueden pagar", explica Martínez de Eulate, "pero no pueden concatenarse los problemas, si ellos no cobran deben reclamar, no cargar sobre sus proveedores".
El problema no es baladí. El año pasado se vendieron en España 90 millones de metros cúbicos de hormigón preparado a un precio medio de 50 euros el metro cúbico. Aproximadamente un tercio del producto fue consumido en diversas obras civiles. Un volumen que representa una cantidad en torno a los 1.500 millones. "Al diferir el pago, los grandes contratistas disponen de esa cantidad", explica Martínez de Eulate, "a un interés de siete puntos por encima del euribor están dejando de pagar 135 millones a los fabricantes de hormigón".
El exceso de oferta permite a los grandes contratistas, incluso a los medianos, exigir unos precios muy ajustados a los fabricantes y distribuidores de hormigón preparado, un producto que, además, es perecedero puesto que pierde propiedades a partir de las dos horas de su preparación. "Los monopolios habituales controlan la oferta, pero en este caso estamos ante un monopolio de la demanda", sentencia el presidente de Anefhop. El problema afecta, en general, a todos los proveedores de materiales para los grandes contratistas de obras, desde fabricantes de ferralla a instaladores de ventanas. La Confederación Española de Proveedores de Construcción y Obras presiona para exigir la constitución del observatorio de la ley contra la morosidad, una transposición a la legislación española de una directiva europea de 2000 que debía haber entrado en vigor en agosto de 2002 pero que se aprobó en noviembre de 2004.
