Adaptación educativa

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley Orgánica de Educación (LOE), tras su paso por el Senado, sin que la importancia de los asuntos que regula haya suscitado demasiada atención en su tramo final. La LOE deroga tres leyes en las que estaba dispersa la definición del sistema educativo no universitario y unifica así la normativa vigente. Una de esas leyes es la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), aprobada en la anterior legislatura, algunas de cuyas previsiones fueron fuertemente contestadas en su momento. La nueva ley ha gozado de un amplio apoyo de las fuerzas políticas, con la notable excepción del PP, que durante la tramitación en el Senado consiguió introducir algunas enmiendas, que han sido finalmente desestimadas por el pleno del Congreso.

Uno de los puntos que ha merecido mayor atención y, en determinados sectores, una mayor contestación, se refiere a la asignatura de Religión, que se mantiene, según el esquema primeramente aprobado: es de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos, en cuyo currículo no se computará a efectos de repetición de curso o asignación de becas. No se define, por otra parte, una asignatura alternativa obligatoria para quienes no quieran cursar la asignatura confesional. Tanto en este punto como en el tratamiento de la enseñanza privada concertada, la Conferencia Episcopal ha mantenido una actitud de permanente movilización, incluso en la calle, en contra del proyecto. Yendo, incluso, más lejos que la propia patronal de los colegios religiosos, que ha negociado con el Gobierno y ve recogidas en el texto final algunas de sus sugerencias. En este campo, la Iglesia se ha comportado más como una fuerza de oposición política que como defensora de este sector de la enseñanza.

Otro punto conflictivo ha sido el número de suspensos que obliga a repetir curso: con dos se podrá promocionar y con cuatro habrá que repetir obligatoriamente. En el caso de tres asignaturas suspendidas, los profesores tendrán la posibilidad de decidir en función de las circunstancias concretas. La LOE suprime, por otra parte, la prueba general de reválida al final de la enseñanza secundaria, contemplada en la LOCE como requisito necesario para culminar esta etapa escolar, pero prevé una evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos.

Por primera vez en la historia reciente, una ley educativa contiene un compromiso de financiación, sin el cual podrían quedar sin efecto muchas de las innovaciones propuestas. Así, se fija un gasto extra de más de 7.000 millones de euros hasta el año 2010, lo que da mayor credibilidad a la consideración, frecuente en los discursos políticos, de la educación como una de las claves del futuro de nuestro país. Esperemos que el Parlamento haya acertado con esta nueva ley y que sobreviva el tiempo suficiente como para evaluar sus resultados.