La Audiencia ordena investigar la compra de terrenos en Boadilla para la ciudad del SCH

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado, por segunda vez en dos años, abrir las investigaciones, sobreseídas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y estafa que afectan supuestamente a los promotores de la ciudad financiera del banco Santander Central Hispano (SCH) en Boadilla. Los denunciantes mantienen que la entidad adquirió el terreno como rústico, a pesar de saber que el Ayuntamiento iba a recalificar el suelo para permitir edificar. El complejo ocupa dos millones de metros cuadrados.

Las diligencias se han abierto por segunda vez después de que la Asociación de Afectados por el Desarrollo del SCH, M-511 y M-50 presentara un recurso de apelación contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, en la que se acordó en 2005 el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra responsables del SCH, que actuaron en la operación de compra de los terrenos para el campus financiero.

El único procesado por esta causa es Leopoldo Arnaiz, redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, y persona que supuestamente adquirió los terrenos para el SCH.

Los integrantes de la asociación aseguran que vendieron sus terrenos a precio de suelo rústico, cuando el Ayuntamiento sabía que los iba a recalificar para permitir a la entidad financiera construir un complejo. El auto de la Audiencia indica que la mayoría vendió los terrenos por cantidades que oscilaron entre las 1.000 y 4.000 pesetas el metro cuadrado, "cuando según informes del propio BSCH, en aquellas fechas el precio del metro cuadrado de terreno edificable sin urbanizar de uso comercial y servicios se situaba en las 45.000 pesetas el metro cuadrado".

La primera vez que la Audiencia de Madrid ordenó al juzgado de Móstoles la reapertura de las diligencias fue en marzo de 2004. Pedía que se practicaran pruebas para esclarecer si existía algún delito en la compra de los terrenos.

"Relación concatenada"

El nuevo auto de la Audiencia explica que es necesario practicar las diligencias que en su día [marzo 2004] expuso la sala, "pues es evidente la relación concatenada entre el ahora acusado, Leopoldo Arnaiz, Cezosa (una sociedad de la entidad bancaria), el BSCH y los testaferros encargados de comprar terrenos con los tres anteriores".

Por esta razón, el tribunal considera necesario esclarecer "al máximo" tales relaciones, en cuanto a la aprobación del ordenamiento jurídico del municipio y con los terrenos afectados por el campus financiero, "en el que es parte importante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte". El juzgado de Móstoles debe investigar, de nuevo, las actuaciones llevadas a cabo en la adquisición de los terrenos, "personas que intervinieron, en qué concepto, cantidades pagadas, etcétera, en aquellos momentos, así como vicisitudes del plan general".

La Audiencia puntualiza que "después de ello, el instructor, con plena libertad de criterio, decidirá a quiénes puede afectar, como imputados, la continuación de la causa, pues desde aquí no se afirma la presencia de delitos, ni la participación de personas concretas en los mismos, pero debe proseguir la investigación, que es el fin de la instrucción".

Los hechos comenzaron, según el auto, en 1996, cuando Leopoldo Arnaiz ganó el concurso para redactar el nuevo planeamiento urbano de Boadilla. Los jueces explican que el BSCH contactó con él para adquirir unos terrenos para su futura ciudad financiera. La condición es que fueran rústicos para luego proceder a su recalificación. De esta manera, los costes para la entidad bancaria serían muy inferiores.

Arnaiz, siempre según el auto, les recomendó el municipio de Boadilla, donde se llevaba a cabo la revisión del plan. Arnaiz reunió a los propietarios de los terrenos y les comunicó que no se produciría modificación alguna en el PGOU sobre la calificación del suelo rústico. Los dueños del suelo empezaron entonces a recibir visitas de testaferros para comprarles los terrenos.

El BSCH procedió en 1998 a formalizar las escrituras de compraventa de los contratos conseguidos por Arnaiz, dice el auto de la Audiencia Provincial.

La entonces alcaldesa, Nieves Fernández, del PP, firmó en diciembre de 1998 un convenio con Cezosa, empresa perteneciente al banco, para recalificar 200 hectáreas con el fin de promover un campus bancario. Pactó con el Ayuntamiento que realizaría una modificación del plan general.

La Comunidad admitió la modificación. El BSCH contrató a Arnaiz para llevar a cabo el plan de actuación urbanística, que en ese momento compatibilizaba el encargo con la realización de trabajos para el Ayuntamiento.

Después de la exposición de los hechos, la Audiencia sostiene la necesidad de practicar las diligencias que en su día expuso la sala, dentro de las que se encontraban llamar a declarar a la ex alcaldesa y, si es necesaria, incluir alguna de las que los recurrentes solicitaron y se les denegó.