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Bruselas exige una declaración de impacto ambiental para las obras de la M-30 de Madrid

La Comisión Europea abrió ayer un expediente a España porque el Ayuntamiento de Madrid no ha realizado un estudio de impacto ambiental en las obras de reforma de la M-30, una de las grandes circunvalaciones de la capital. Bruselas no cuestiona la necesidad del proyecto, -de 4.000 millones de euros-, pero mantiene que debe ir acompañado de la correspondiente declaración de impacto. Bruselas considera que no hacerlo supone una violación de una directiva que, de no ser subsanada, puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE.

Para el eurodiputado socialista Carlos Carnero, a cuya instancia se pronunció la Comisión, se trata de una victoria de los ciudadanos afectados. Usó términos futbolísticos: "Parlamento y vecinos: 1; ayuntamiento y Comunidad de Madrid: 0".

"Este macroproyecto, uno de los más importantes de su especie en este momento en Europa, debería haber sido sometido a una declaración formal y global de impacto ambiental. En vez de eso, fue dividido en 19 proyectos menores que no han sido sometidos a un procedimiento completo de impacto ambiental", señala la Comisión, para explicar por qué emplaza a las autoridades españolas a dar explicaciones sobre lo ocurrido, y a rectificar en un plazo de dos meses.

Sentencia reciente

El Ejecutivo comunitario sostiene su criterio en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia, que condenó a España por no trasladar correctamente a la legislación nacional la directiva sobre impacto ambiental en relación a los proyectos de desarrollo urbano.

"La tesis que defiende el Gobierno español, de que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanización es prácticamente inexistente, tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que se refiera la directiva", señaló el tribunal.

La Comisión Europea subrayó que la demanda de realizar el estudio es una exigencia legal que "no cuestiona la necesidad, el diseño o la importancia de este proyecto para la ciudad de Madrid". Bruselas recuerda que la directiva 85/337/CEE establece que los grandes proyectos de infraestructuras deben ser sometidos a la declaración de impacto antes de ser aprobados, para evitar o minimizar, los daños y molestias medioambientales, además de exigir la consulta pública.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró ayer "muy satisfecha" por la decisión de la Unión Europea. "No se pueden pedir fondos europeos y luego tratar de eludir la ley", señaló. El Gobierno español ha informado en dos ocasiones a Bruselas sobre las obras de la M-30, y en ambas ocasiones ha expresado por escrito que era necesario efectuar la declaración de impacto ambiental.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de abril de 2006