La Comisión Europea abre un segundo expediente de infracción contra la legislación urbanística valenciana

La nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) tampoco cumple con las directivas comunitarias, según la Comisión Europea, que ayer abrió un procedimiento de infracción a España por este motivo. La LUV, aprobada en diciembre de 2005 y que sustituyó a la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) -sujeta también a investigación en Europa-, no corrige los defectos de la anterior en materia de contratación pública. Es la tercera vez en un año que la Comisión cuestiona la legislación urbanística valenciana.

En marzo de 2005 se inició un procedimiento de infracción contra España por los supuestos abusos cometidos al amparo de la LRAU, vigente durante once años en la Comunidad Valenciana. La Comisión sostenía que el método de adjudicación de los PAI (Programas de Actuación Integrada) incumplía las directivas comunitarias sobre contratos públicos.

El Parlamento valenciano aprobó, con los únicos votos del PP, una nueva ley, la LUV, que, pese a las mejoras introducidas, no ha convencido a la CE. Tanto es así que ayer el órgano comunitario decidió abrir un segundo expediente de infracción porque la norma del Gobierno valenciano, en manos del PP, no se ajusta a las directivas comunitarias en aspectos como el contenido de las ofertas, la variación del precio de los proyectos tras su adjudicación o la selección del urbanizador.

Dos meses para alegar

El órgano comunitario da dos meses para que la Generalitat valenciana, a través del Gobierno español, alegue. En caso de que los argumentos no le convenzan, vendría un dictamen motivado y después su envío al Tribunal Europeo. La Comisión ha censurado, además, que el Gobierno valenciano haya continuado aprobando hasta el pasado 1 de febrero -fecha en la que entró en vigor la nueva LUV- nuevos PAI, a sabiendas de que todos ellos se tramitarían al amparo de la polémica LRAU, violando las directivas europeas.

Según la Consejería de Territorio valenciana, cuando entró en vigor la nueva norma existían al menos un centenar de PAI pendientes de aprobación que, gracias a una disposición transitoria de la LUV, se tramitarán por la vieja y cuestionada ley, lo cual es, a los ojos de la CE, inadmisible. El consejero de Territorio, Rafael Blasco, culpó ayer, tras conocer la decisión de la CE, al Gobierno español por no haber traspuesto la legislación comunitaria sobre contratación pública a la española. "La LUV garantiza un proceso transparente con todas las garantías para los propietarios", dijo. Los socialistas añadieron que la decisión de la CE es un nuevo varapalo al modelo urbanístico del Gobierno autonómico del PP. El Parlamento Europeo condenó el modelo urbanístico valenciano hace unos meses tras recibir más de 15.000 quejas de afectados por supuestos abusos urbanísticos cometidos al amparo de la LRAU.

La Comisión Europea también constató ayer que la urbanización Las Atalayas, que se levanta en Peñíscola (Castellón), en una zona natural teóricamente protegida por su pertenencia a la red Natura 2000 -de lugares naturales en la UE con particular valor-, lo hace sin declaración de impacto ambiental. La Comisión da dos meses a España para que explique lo ocurrido y proponga medidas. Bruselas reprocha a las autoridades correspondientes que no tomasen precauciones para salvaguardar el valor ecológico de la zona, informa Ricardo Martínez de Rituerto.

El hotel de 17 plantas en la playa de El Algarrobico, en Cabo de Gata-Níjar, incluida asimismo en Natura 2000, y un vertedero ilegal de Punta Ávalos, en La Gomera, también suscitan la preocupación de la UE, que exige respuestas efectivas. En el caso del vertedero, se reconoce que ya no recibe basura, pero no se ha hecho nada para deshacer el daño causado.