El juez encarcela a cuatro abogados implicados en la trama de Marbella

El magistrado del Juzgado número 5 de Marbella Miguel Ángel Torres decretó ayer al filo de la medianoche el ingreso en prisión incondicional de cuatro de los seis abogados de un bufete de Madrid implicados en la Operación Malaya contra la corrupción municipal en Marbella. Los encarcelados son Manuel Sánchez Zubizarreta, Juan Luis Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín y Francisco Antonio Soriano Pastor. Los otros dos imputados, Francisco Soriano Zurita y Miguel Pérez Camino, fueron puestos en libertad bajo fianza de 90.000 y 30.000 euros, respectivamente, informaron fuentes judiciales.

Los agentes hallaron una pistola que el jefe de Policía de Marbella no pudo documentar

La declaración de los seis abogados del bufete madrileño Sánchez Zubizarreta & Soriano se prolongó durante toda la jornada y completaba el interrogatorio de los 23 detenidos en la primera fase de la Operación Malaya, iniciada el miércoles. En el auto de prisión del asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, el juez mantiene que los socios y empleados de este gabinete jurídico eran los encargados de estructurar las sociedades bajo las que el asesor de Urbanismo escondía su inmensa fortuna.

Miguel Ángel Torres ha citado como imputado para el próximo miércoles a Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local. Agentes de este cuerpo protegían, según los investigadores, a Juan Antonio Roca, actualmente en prisión, de las posibles vigilancias del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil. Las dependencias de la Policía Local ya fueron registradas el pasado miércoles, cuando se desencadenó la operación.

En esa inspección, los agentes hallaron una pistola de la que el superintendente de la Policía Local no pudo aportar documentación alguna. El pasado domingo, cuando se supo que el titular del Juzgado número cinco de Marbella había citado a Del Pozo, este no aclaró si acudía en calidad de testigo o de imputado, a pesar de que el magistrado le notificó que acudiera acompañado de un abogado. Miguel Ángel Torres ha llamado también, según fuentes judiciales citadas por Efe, a un grupo de trabajadores de las oficinas de Planeamiento Urbanístico de Marbella, la empresa desde la que Roca controlaba de forma absoluta el urbanismo y la política marbellí. El superintendente Del Pozo está al frente de un cuerpo muy fiel a un equipo de gobierno en visos de desaparecer. Ciertos agentes de la Policía Local investigaban las matrículas de los vehículos que les proporcionaba el entorno del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Tenían instrucciones de comprobar quiénes eran sus propietarios, ante la sospecha de que fuera la Guardia Civil o la policía.

Representantes de Izquierda Unida se encerraron en la casa consistorial para reclamar el proceso de disolución del Ayuntamiento marbellí, que previsiblemente se iniciará hoy con una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. "La disolución llega tarde, porque son más de 10 años dejando el proceso de lado, y ahora se produce de manera cobarde, porque no olvidemos que los poderes competentes se han visto obligados por la acción de la justicia", criticó José Antonio Castro, coordinador provincial de IU en Málaga.

Al equipo de gobierno marbellí se le acumulan las causas judiciales pendientes. El concejal de Obras, Vicente Manciles, está llamado a declarar esta mañana ante la juez titular del Juzgado número 1 de Marbella en el denominado caso Copasur, donde se investiga el presunto uso de materiales municipales en las obras acometidas por la alcaldesa, Marisol Yagüe, en las obras realizadas en su chalé. Además, en este caso la constructora Copasur le reclama a Yagüe el pago de 949.000 euros.

Con los cuatro encarcelados ayer, son once ya las personas que se encuentran en prisión por la Operación Malaya. El resto son Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez, y la presunta testaferro Montserrat Corulla. El juez Miguel Ángel Torres dictó libertad con fianzas para el concejal de Cultura de Marbella, José Jaén, y los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco. El magistrado ha dejado en libertad con cargos y sin fianza al secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y al empresario Juan Miguel Saavedra, a Jaime Hachuel, a José Luis Benavente Pérez, a Salvador Gardoqui, a María Úrsula Quijano y a Ernesto Celdrán.