Una educación hacia la cohesión social

N o debemos ni queremos olvidar la Ley de Calidad (LOCE) y su periodo de elaboración. No podemos olvidar cómo el ministerio que entonces dirigía Pilar del Castillo ignoraba a las organizaciones más representativas de la comunidad educativa; aquella ministra de aquel Gobierno sólo nos convocó para informarnos de sus decisiones, sin cedernos ninguna capacidad para intervenir. Quizá en esto radicó el fracaso de esa ley.

La LOCE sólo contó con el respaldo del PP, Coalición Canaria (debido sólo a un pacto de legislatura) y parte de la red concertada. Las demás fuerzas políticas, las organizaciones mayoritarias de profesores, padres y alumnos convergimos en una oposición a la misma. Por fortuna, la ley tuvo corta vida. La falta de diálogo y consenso en su elaboración significó su propia tumba. Una ley educativa sin un consenso suficiente, la impulse el Gobierno del signo político que sea, está condenada al fracaso, no puede perdurar en el tiempo.

Las autonomías deberán ser generosas y afrontar una segunda descentralización

Las leyes mudaban con los Gobiernos, mientras los indicadores educativos no mejoraban

El nuevo Gobierno anunció la paralización de la LOCE y después presentó el documento Una educación de calidad para todos y entre todos para debatir y reflexionar antes de la redacción de una nueva ley. Redactado con un nuevo lenguaje, más cercano a la realidad de la escuela y a sus problemas, con mayor sensibilidad social, este documento no reflejó todas nuestras aspiraciones. El texto nos pareció en un primer momento insuficiente. Tras debates intensos, la mayoría comprendimos que el escenario había cambiado, que nuestro país ya no podía permitirse un sistema educativo inestable, con leyes que mudan con los Gobiernos, mientras nuestros indicadores educativos internacionales no mejoraban.

Los datos del Informe PISA de la OCDE, que dejaban en muy mala posición a nuestros alumnos y, por ende, a nuestro sistema educativo, hicieron más patente que la sociedad reclamaba una modernización de la escuela, y en el menor tiempo posible. Nuestros niños, niñas y jóvenes viven en un entorno global más competitivo, y requieren una formación adaptada a la sociedad de la información y el conocimiento y a la adopción de valores que les ayuden a convivir de manera cívica en una sociedad más compleja. Era evidente que las organizaciones más representativas, si queríamos seguir siéndolo, debíamos adaptarnos a lo que nuestras bases y la sociedad en su conjunto nos demandaban: un pacto social por la educación, trabajar por el mayor consenso posible entre las organizaciones de la comunidad educativa, Ministerio de Educación, consejerías de Educación de las comunidades autónomas y otras organizaciones sociales.

Creemos que el Ministerio de Educación ha querido responder a esta demanda de la sociedad. A todos nos consta que el Ministerio de Educación ha dialogado, de manera intensa, con todas las organizaciones de la comunidad educativa, de uno u otro signo. Incluso ha llegado a acuerdos sobre mejoras de las condiciones laborales del profesorado y sobre la problemática de la convivencia en los centros escolares, con una muy amplia mayoría de sus organizaciones sindicales representativas.

Otra cuestión es que organizaciones intervenidas por la jerarquía de la Iglesia católica se hayan movilizado en contra de la Ley Orgánica de Educación (LOE), a sabiendas de que la asignatura de religión va a permanecer en el programa escolar y por motivaciones que escapan del ámbito educativo. Pero al margen de esto, la LOE sólo tuvo el rechazo del PP en el Congreso, y ha obtenido el consenso de casi todas las organizaciones de la comunidad educativa, contando entre ellas a los titulares de los centros concertados católicos, aun a costa de que las organizaciones progresistas nos hayamos visto obligadas a ceder en muchas de nuestras aspiraciones. Reiteramos que ésta no es nuestra ley, pero es una ley factible; que, aunque ahora parece una afirmación extraña, puede permanecer en el futuro con un Gobierno de otro signo; una ley sobre la que todos tenemos y debemos de trabajar para afrontar los múltiples retos que la sociedad nos plantea. Y sin demora.

La LOE no se edifica en un solar vacío, sino en unas realidades muy sedimentadas que la condicionan. En los últimos veinte años se ha consolidado el modelo que introdujo la LODE en 1985: primero, se establece una doble red de centros públicos, y privados concertados; estos últimos apenas escolarizan a alumnado con bajo rendimiento académico o a hijos de trabajadores inmigrantes; segundo, una red pública, dependiente de las administraciones autonómicas, sin identidad y estrategia clara que permita ver horizontes esperanzadores con atenciones prioritarias; tercero, una financiación relegada de las prioridades presupuestarias, año tras año, y que sitúa a nuestro país lejos de la media europea; cuarto, una presencia de la religión en las escuelas en los mismos términos en que se producía en un Estado confesional; quinto,un concepto de centros aislados de su entorno, sin configurar unidades más grandes, con el barrio o municipio donde esté ubicado, capaces de aprovechar recursos y crear identidades; sexto, una falta de compromiso de la sociedad en general con la educación no universitaria, que precisa de una mayor implicación social para buscar otros centros de interés.

La nueva ley, sobre el papel, obliga a los colegios privados-concertados a que atiendan a todo el alumnado, sin discriminación alguna, haciendo efectivo el principio de gratuidad y llevando a cabo una gestión transparente y controlable socialmente. A cambio, esta ley les reconoce el estatus de servicio público educativo, por lo que podrán exigir a las administraciones autonómicas una financiación suficiente para desarrollar su actividad educativa. Pero si nos situamos en el día a día de los centros escolares, las organizaciones progresistas tememos que persista un proceso de escolarización que no garantice una redistribución equitativa del alumnado, pues la reserva de plazas para los alumnos sólo se mantendrá hasta el periodo de matriculación, lo que en la práctica significa que los hijos de trabajadores inmigrantes que lleguen a España a lo largo del año, fuera del periodo de matriculación, sólo podrán matricularse en los centros públicos, que son los que disponen de un número más elevado de plazas libres. Corremos el peligro de que la escuela concertada siga matriculando a un número reducido de alumnado inmigrante. Nosotros hemos solicitado en este proceso que todos los centros reserven plazas para alumnado que se incorpore durante cualquier periodo del año, como ya sucede en algunas comunidades autónomas. No obstante, en esto y otros temas, como la generalización de los servicios educativos complementarios en los centros públicos, dependerán de la decisión y gestión de las comunidades autónomas.

Sin duda, nos gusta que esta ley esté acompañada de una financiación económica, que recoja avances laborales importantes para el profesorado, que dote al sistema educativo de medidas de atención a la diversidad y que pretenda armar de valores y principios a la escuela pública, que puede configurar ahora su identidad sobre la atención a la diversidad de alumnado, al entender ésta como una riqueza y no un problema, la educación en valores cívicos universales, o la participación de la familia en la escuela, entre otros. Una de las carencias de la escuela pública en los últimos tiempos era la falta de un modelo claro.

La mejora de la calidad y equidad de nuestro sistema educativo dependerá ahora, más que de una ley marco como la LOE, que respeta las competencias autonómicas, de las políticas que desarrollen las administraciones territoriales para reformar la organización y funcionamiento de los centros escolares, mejorar la formación del profesorado, incrementar la participación de las familias en los centros educativos, o respaldar las experiencias de innovación pedagógica que algunos centros educativos desarrollan. Los Gobiernos autónomos deberán ser generosos y afrontar una segunda descentralización, para otorgar un mayor protagonismo a las administraciones locales en materia educativa, pues distintos estudios relacionan la calidad educativa y la inserción del centro educativo con su entorno, es decir, con su barrio, con su municipio.

El MEC podrá impulsar iniciativas como la que actualmente desarrolla al financiar al 50% planes de refuerzo para alumnos con malos resultados escolares y que reciben clase fuera del horario lectivo; también puede liderar un plan de convivencia. Las organizaciones de padres y madres, profesorado y alumnado tendremos que mejorar nuestra comunicación, impulsar la participación y vigilar a los poderes públicos para que no bajen la guardia y no sean conformistas, porque la escuela pública, y la educación en general, requiere administraciones que la lideren con apoyo y creatividad. En definitiva, todas las ecuaciones para lograr una escuela y una sociedad más justas y libres requieren del diálogo y del consenso. Todavía queda mucho trabajo por delante.

José Campos Trujillo es secretario general de Enseñanza de CC OO. Carlos López Cortiñas, secretario general de Enseñanza de UGT, y Lola Abelló Planas, presidenta de la Confederación laica de padres de alumnos CEAPA.