Toca decidir
Hace algunos meses alguien definió la política catalana como el dragon-khan. Lo lamentable de la situación política catalana es que hoy seguimos instalados en un escenario donde las situaciones de crisis y de pequeños escándalos se concatenan. Lo más paradójico de todo ello es que en gran medida estos procesos provienen del Gobierno tripartito y no de la oposición. Es decir, la contribución de la oposición al desgaste del actual Ejecutivo es más bien escasa. Este Gobierno se desgasta solo y lo que es más grave: no sólo se desgasta a sí mismo, sino que también arrastra en cada una de esas crisis muchas expectativas y esperanzas de amplios sectores de la población.
Creo que fue el consejero Joan Saura quien en unas declaraciones radiofónicas a inicios de la semana anterior evidenció con otras palabras esa misma idea. Decía Saura que la capacidad autodestructiva que emanaba del actual tripartito era sorprendente y parecía ilimitada. Las actuaciones estelares del propio Ejecutivo eran devoradas por las pequeñas y grandes crisis que desde enero de 2004 se vienen sucediendo en los aledaños del Gobierno. Probablemente no hay diagnóstico más certero y a la vez más contundente para definir la realidad política catalana.
Con ese panorama no es extraño que hoy sea difícil encontrar el más mínimo indicio de lo que en Cataluña ocurrió en el otoño de 2003. Hubo en ese periodo una ilusión generalizada según la cual no sólo otro gobierno era posible, sino que sobre todo otra política era posible y que gracias a ello otra Cataluña podía emerger. Fue en muchos sentidos una eclosión política primaveral en puertas del invierno climatológico lo que se vivió aquel 14 de diciembre en el Saló del Tinell. Hoy, sin embargo, vivimos una realidad política invernal en una primavera que ya nos anuncia que el verano está próximo.
Uno tiende a pensar que esto ya no tiene solución; que lo mejor que podría suceder es aceptar la realidad, reconocer los errores, constatar la incapacidad de generar buen rollo y de imponer orden en el interior del Gobierno y pasar página de esta experiencia. Tras la aprobación del Estatuto en referéndum, y siendo evidente que será un logro no exclusivo del Gobierno, pero en el que el concurso del tripartito ha sido crucial, se pueden dar las circunstancias menos malas para dar paso a un nuevo periodo político sin que esa decisión que debe tomar el presidente catalán, Pasqual Maragall sea necesariamente traumática para los intereses de la actual mayoría.
Lo más grave no es evidentemente que este Ejecutivo desaparezca, sino que las consecuencias de los excesos y errores que algunos miembros del mismo han alimentado impidan que otro Gobierno catalanista y de izquierdas pueda emerger tras las próximas elecciones. Una vez cerrado el Estatuto y después de constatar que no hay solución a las malas artes de algunos -si se quiere lo denominaremos inexperiencia gubernamental-, lo más sensato es empezar a calcular cuál es el escenario más propicio para minimizar los costes electorales ante estas circunstancias.
Si no se produce un cambio de rumbo significativo, hay muchos elementos para suponer que el fin del tripartito catalán no será muy distinto al fin del tripartito balear. Ciertamente, las circunstancias son distintas pero las consecuencias pueden ser similares. No hay ningún indicio de que aquello que no se ha podido evitar hasta la fecha, tras 27 meses de mandato del actual Gobierno, se pueda evitar en los 20 meses restantes. Es cierto que la experiencia imprime carácter y que el trayecto recorrido por el actual Ejecutivo podría garantizar un futuro -en lo que nos queda de legislatura- menos sorpresivo y menos convulso. Pero todo esto no deja de ser sólo una posibilidad que empíricamente aún se debe contrastar. Lamentablemente para este Gobierno hay un momento, que no sabría decir cuál es, en el que el crédito que todo nuevo Ejecutivo dispone le ha sido cancelado. Ya no hay más margen.
La única cosa que justificaría que el actual Gobierno quisiera agotar a legislatura después de la aprobación en referéndum del nuevo Estatuto sería disponer de todas las garantías de que se va producir un cambio de rumbo significativo en el Ejecutivo catalán, un cambio que sólo el presidente Maragall y las direcciones de los tres partidos que le apoyan pueden concertar. Alguien debería evaluar en las próximas semanas si esa concertación es posible y si hay las condiciones para intentar a partir del próximo verano, y durante los próximos 16 meses, imprimir un carácter y un estilo insólito hasta ahora. Sólo si se dan estas condiciones tendría sentido agotar la legislatura.
Es evidente que a pesar de todo el ruido que acompaña a este Gobierno hay actuaciones muy relevantes que se están realizando desde distintos departamentos. El saber hacer de algunos consejeros y departamentos es evidente. Saura lo ha demostrado con el Estatuto y con el impulso de la memoria histórica; Nadal, con la ley de barrios y los proyectos para ordenar el crecimiento urbanístico; Cid, con el pacto nacional de educación y las medidas de mejora de la calidad educativa; Castells, con la capacidad para ordenar las finanzas del Gobierno y el pacto por la competitividad; Vallès, con el rigor y la discreción en una de las áreas más desagradecidas de cualquier gobierno; Tura, con la capacidad de centrar el interés en asuntos socialmente relevantes. El problema de este Ejecutivo no es que no tenga la capacidad de impulsar proyectos relevantes, sino que no tiene capacidad para evitar la existencia de algunas actuaciones estúpidas que todo lo empañan.
Jordi Sánchez es politólogo.
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