La estabilidad del Estatut

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que se aprobó el pasado jueves en el pleno del Congreso de los Diputados lleva aparejada una gran noticia y una noticia negativa. Una gran noticia es que el texto finalmente aprobado ha corregido sustancialmente el proyecto enviado por el Parlamento catalán en muchos aspectos polémicos, y muy especialmente en lo relativo al sistema de financiación. Buena noticia también es que el nuevo Estatut cuenta con la lealtad total de Convergència i Unió y del PSC, lo que significa que el nacionalismo catalán no pondrá en duda la organización del Estado al menos durante otra generación, como se comprometió en la tribuna de oradores Josep Duran Lleida. Buena noticia, en fin, que el nuevo Estatut dará estabilidad al PSOE y solventará muchas de las quejas que han venido planteando los Gobiernos autonómicos catalanes, que ahora tienen una sólida base jurídica para ampliar de manera importante sus competencias y su autogobierno.

En la primera ocasión desde 1978 en que se ha planteado un cambio estatutario realmente importante, el consenso entre PSOE y PP ha saltado por los aires

La noticia negativa, que sería absurdo ignorar, es que este texto legal, que forma parte del marco constitucional, se ha aprobado con una mayoría inferior a la del Estatuto anterior. Los 145 votos en contra del principal partido de la oposición, el PP, dibujan ahora un escenario político diferente al que ha existido hasta ahora, uno en el que ya no existe consenso entre los dos principales partidos políticos, los dos únicos capaces de dirigir un Gobierno, sobre una parte de los textos básicos sobre los que se organiza el Estado. En la primera ocasión desde la etapa constitucional en que se ha planteado realmente un cambio estatutario importante, el consenso ha saltado por los aires. Ésa es la realidad sobre la que parece que deberán organizarse y entenderse a partir de ahora los diferentes proyectos políticos.

El Partido Popular ha optado, al menos por el momento, por una línea política de gran dureza que quedó de manifiesto en el discurso de Mariano Rajoy ante el Congreso. "Los populares están creando una fosa en su entorno que impedirá que se les acerquen los votantes centristas de este país y que les aleja cada día más de La Moncloa", aseguró, convencido, un importante representante de CiU. "Es posible", replicó instantáneamente un alto representante del PP, "pero esa misma y grande fosa impedirá también que nuestros votantes o seguidores piensen siquiera en saltar hacia ningún otro lado".

A la espera del recurso de inconstitucionalidad que, sin duda, va a presentar el Partido Popular y de las interpretaciones y decisiones a que llegue el alto tribunal, la mayoría de los especialistas niegan que el nuevo Estatut suponga, como defiende el PP, una modificación sustancial de las estructuras del Estado pactadas en 1978. Las dudas no se plantearán sobre el conjunto ni sobre el espíritu del nuevo texto, sino, en todo caso, sobre algunos aspectos y artículos muy concretos.

Pero antes que nada, el nuevo Estatuto debe superar el trámite de su paso por el Senado y, bastante más importante, su paso por un referéndum popular en Cataluña que le dé el sello de legitimidad definitivo.

Generalitat

Sin esperar al resultado de ese referéndum, el debate en Cataluña se ha vuelto a centrar en las discrepancias políticas internas y, especialmente, en el futuro de la alianza del PSC con ERC. La mayoría de los dirigentes socialistas creen que, por mucho que el presidente de la Generalitat pretenda ignorarlo, un voto negativo o abstencionista de ERC en el referéndum haría muy difícil la supervivencia del Gobierno tripartito.

Pasqual Maragall no oculta que necesita a ERC para optar a un segundo mandato como president, algo a lo que parece personalmente muy decidido, y que no desea en modo alguno una ruptura con los independentistas. Muchos dentro de ERC opinan por su parte que necesitan permanecer en la Generalitat un segundo mandato como única manera de asentar su imagen de responsabilidad y capacidad de gobierno, ahora muy en entredicho. Por su parte, una buena parte del PSC no termina de decantarse por uno u otro, Maragall, Montilla o Castells, y, desde luego, contempla una posible alianza entre socialistas y CiU como una especie de tragedia personal.

"Si Artur Mas recuperara ahora la presidencia, podríamos despedirnos de la Generalitat por otros 12 años", se lamentaba esta misma semana un importante dirigente del PSC. La ecuánime decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de fotografiarse el mismo jueves en los pasillos del Congreso tanto con Maragall como con Mas no sentó muy bien en las filas de la delegación socialista catalana.