El Gobierno afirma que actuará con total rotundidad en Marbella

El Gobierno actuará con "total rotundidad conforme a lo establecido en la ley" cuando se confirmen los delitos "para perseguir a los delincuentes y para que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos". Con esta contundencia, se comprometió ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros, a abordar el escándalo de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), que afecta presuntamente a una veintena de personas, entre ellas a la alcaldesa, Marisol Yagüe, y a tres concejales del municipio.

La vicepresidenta primera estableció como una cuestión de principios del Gobierno que representa "combatir y erradicar la corrupción". "Es una tarea de todos, con el Gobierno a la cabeza, y pueden tener la absoluta seguridad de que ese va a ser nuestro trabajo en relación con este asunto, pero hay que abordarlo con rigor y responsabilidad".

En este sentido, Fernández de la Vega explicó que el Gobierno esperará a que "haya un pronunciamiento judicial, indicios de que hay posibles delitos" para actuar sin dejarse llevar por la "precipitación". Por ello, el Consejo de Ministros de ayer no tomó medidas como el inicio de la tramitación legal para que el Ayuntamiento marbellí se disuelva.

Previsiblemente lo hará el Consejo de Ministros del próximo viernes, a instancias de la Junta de Andalucía, ya que para esas fechas ya habrá un pronunciamiento judicial y procederá a que la Diputación de Málaga constituya una comisión gestora en sustitución de la corporación disuelta, una vez que sean informados el Senado y la Comisión Nacional de Administración Local.

Confianza en la policía

El Gobierno, según su portavoz, trató de transmitir un "mensaje claro de seguridad y tranquilidad" a los ciudadanos ante el escándalo urbanístico con el funcionamiento del Estado de Derecho. Expresó, asimismo, su confianza "total y absoluta" en el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y en la acción de la justicia, a los que "es preciso dejarles trabajar para que puedan culminar su tarea en esta primera fase" y "poder tener datos de que estos indicios de corrupción que se plantean son reales".

También tuvo un recuerdo para los servidores públicos del Ayuntamiento marbellí, ajenos en su inmensa mayoría al escándalo urbanístico, sobre quienes recae "siempre por extensión, la sombra de la sospecha, causando un daño irreparable no sólo a ellos sino a la calidad de la democracia".

La vicepresidenta primera terminó insistiendo en que este Gobierno "no tolerará ni mucho menos amparará jamás comportamientos corruptos" y destacó que la corrupción "es un elemento que debe ser siempre desterrado de raíz de la vida pública allí donde se encuentre".