El Congreso brasileño pide el procesamiento de decenas de políticos

Un informe parlamentario ha eximido al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de cualquier responsabilidad en el escándalo de corrupción de la empresa estatal de Correos, al tiempo que pide el procesamiento de 135 implicados en el caso, entre ellos una veintena de diputados y dos antiguos miembros del Gobierno -José Dirceu, que fuera ministro jefe de Gabinete, y Luiz Gushiken, ex ministro de Comunicaciones-.

El gubernamental PT es el peor parado en la investigación del escándalo de Correos

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) ha indagado durante 10 meses en el escándalo de corrupción del Gobierno de Lula y de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), denunciado por el periódico Jornal do Brasil en septiembre de 2004. Se trata del pago a diputados del partido gubernamental PT y a sus socios parlamentarios (el Partido Liberal, el Partido del Trabajo de Brasil y el Partido Progresista) de sobornos periódicos para votar las propuestas del Gobierno. La cifra ascendería a unos cien millones de reales (cuarenta millones de euros), el equivalente a la deuda total del PTcon el Banco Rural, y que, en forma de préstamo, habría acabado siendo condonada de no haber saltado a la luz pública.

El escándalo comenzó el 14 de mayo de 2005 cuando se publicó cómo un funcionario de Correos recibía 2.000 reales (1.200 euros) en propinas. Y la crisis se agravó pocos días después, el 6 de junio, cuando el entonces presidente del PTB (Partido del Trabajo de Brasil), Roberto Jefferson, aliado del Gobierno, acusó al poderoso ministro José Dirceu y amenazó con denunciar todo el entramado de corrupción de la política brasileña, cuyo penúltimo capítulo fue el informe de la comisión parlamentaria leído el miércoles.

A raíz de aquellas denuncias en los medios de comunicación, se formó una comisión de investigación parlamentaria por la que han ido desfilando como testigos decenas de políticos, funcionarios y parlamentarios.

Uno de los comparecientes, el entonces ministro de la Casa Civil (una especie de primer ministro con superpoderes), José Dirceu, dimitió nada más comparecer en la comisión de investigación del Parlamento, el 14 de junio. Y meses después, en noviembre, fue despojado de su condición de diputado por la comisión de ética del Parlamento.

La caída de Dirceu la provocó el también ex diputado y ex presidente del PTB Roberto Jefferson, que desveló la trama con pelos y señales. Jefferson, como socio del Gobierno, tenía una influencia especial en la empresa estatal de Correos, donde había situado a muchos empleados de su partido y había acusado a Dirceu de estar detrás, con los servicios secretos, de los primeros escándalos denunciados en Correos, una red por donde se canalizaba buena parte de la financiación irregular o sospechosa de los partidos. Su comparecencia parlamentaria, durante más de nueve horas y transmitida en televisión, en la que amenazó veladamente a Dirceu con implicar a Lula, fue demoledora. "Márchese hoy mismo, si no quiere convertir en reo a un inocente", dijo Jefferson en aquella sesión.

El informe parlamentario consta de 1.800 páginas y su lectura en la Cámara corrió a cargo del relator de la investigación, el diputado del PT Osmar Serraglio. Su intervención duró ocho horas, durante las cuales se vivieron momentos de tensión entre los diputados del Gobierno y los de la oposición, que protestaron porque querían que Lula figurara como implicado en la investigación.

Las presiones hasta el último momento de la Presidencia de la República para que en el informe quedase fuera el nombre del presidente Lula fueron, al parecer, enormes, aunque Serraglio lo negó. También se pretendía que figurara un supuesto escándalo de corrupción de Fabio Luis, uno de los hijos de Lula. En un compromiso de última hora aparece el incidente sin el nombre de Fabio Luis, aunque se señala que un contrato millonario de la empresa Telemar con una pequeña empresa del hijo del presidente será investigado posteriormente.

Con el título Buena sorpresa, el diario O Globo escribía ayer en su editorial que el informe "desmonta la tesis del PT y del presidente Lula de que se trataba sólo de dinero recibido ilegalmente -como si eso ya no fuese un crimen-, para las campañas electorales". El editorial elogia el resultado de la comisión de investigación que, curiosamente, estuvo presidida con gran imparcialidad por Delcidio Amaral, diputado del Partido de los Trabajadores.

Según el analista político Merval Pereira, "si Lula continuaba negando que el mensalão [este caso de corrrupción en Correos] no había existido, a partir del informe de la comisión tendrá que admitir no sólo que sí existió, sino también la participación activa de ministros y órganos ligados al Ejecutivo en la intrincada trama montada por el PT para financiar apoyos políticos al Gobierno dentro del Parlamento".

Para que los responsables del escándalo diriman sus responsabilidades en la justicia ordinaria, el Parlamento procederá en las próximas semanas a despojar de inmunidad a los diputados denunciados en la comisión de investigación.