El tripartito pide al Tribunal de Cuentas que audite el gasto del 'plan Ibarretxe'

El tripartito (PNV, EA y EB) ha solicitado también al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que reconsidere su plan de trabajo para este año y fiscalice los gastos de elaboración y difusión del plan Ibarretxe. Ese asunto fue incorporado por unanimidad, a propuesta del PSE, a la lista de las prioridades de fiscalización del tribunal que elaboró la comisión parlamentaria de Economía y Hacienda el pasado mes de noviembre. Sin embargo, de esa lista que incluía medio centenar de asuntos se cayó, entre otros, el plan Ibarretxe.

En el pleno de diciembre en el que elaboró su plan de trabajo para este ejercicio, el tribunal redujo la lista a 12 temas tras un denso debate en el que la mayoría de consejeros nombrados por formaciones nacionalistas resolvió no auditar, entre otros, los gastos del Ejecutivo en difundir la propuesta del lehendakari. El órgano auditor está integrado por tres consejeros propuestos por el PNV, dos por el PSE, uno por EA y otro por el PP.

Entre 2002 y 2004, el Ejecutivo desarrolló numerosas acciones y campañas de difusión del proyecto soberanista. La oposición ya cuestionó en su momento esta iniciativa por entender que se estaba gastando dinero público en promocionar una propuesta partidista de reforma estatutaria. Antes incluso de que el Consejo de Gobierno diese luz verde al texto, el Ejecutivo reconoció un gasto de 400.000 euros en mitines en Euskadi y viajes al extranjero para difundirlo. También buzoneó en los domicilios hasta 800.000 folletos.

Enmienda

Los grupos que apoyan al Gobierno han presentado una enmienda de totalidad a una proposición no de ley del PSE que pedía que se investigasen tanto los gastos como el propio informe de legalidad del plan. El tripartito propone que se ratifique el acuerdo de prioridades pactado en el Parlamento y después solicita que la fiscalización del plan Ibarretxe se incluya "en la medida que pueda ser reconsiderado el plan de trabajo" del tribunal.

La propuesta del tripartito para que se aprueben las prioridades dictadas por el Parlamento también pretende evitar que el PSE intente condicionar el plan del tribunal con continuas proposiciones no de ley. La parlamentaria socialista Joana Madrigal, autora de la proposición y quien desde un principio apostó en la Comisión de Economía por incluir esa auditoría, defiende que el citado tribunal es un órgano que depende del Parlamento.

La presidenta del tribunal, María Asunción Macho, aseguró el martes en el Parlamento que a este órgano fiscalizador le resulta "imposible" auditar todas las peticiones que le realiza el Legislativo. Macho atribuyó a limitaciones técnicas la inviabilidad de acometer tal nivel de peticiones y rechazó que se excluyan unos informes u otros por razones políticas o ideológicas.