Esquerra se columpia

Los empleados de las consejerías del Gobierno catalán controladas por Esquerra Republicana han sido conminados por carta a pagar una parte de su salario a ese partido, y a cumplimentar, si no son afiliados, una ficha como simpatizantes del mismo a fin de "ser dados de alta como cargos designados por ERC". Las explicaciones adelantadas por varios de sus dirigentes son confusas o engañosas; tendrán que explicarse mejor ante el Parlamento catalán y, si no encuentran argumentos más convincentes, quizás deberán plantearse la dimisión del firmante de las cartas, Xavier Vendrell, secretario general del primer consejero (Bargalló), a la vez que secretario de Organización y Finanzas de ERC.

Ya resulta problemático que el encargado de las finanzas de un partido sea a la vez alto cargo del departamento del que depende todo el personal de la Administración catalana. Que se recurra a esa especie de chantaje, bajo amenaza de destitución en nombre de una norma interna partidaria, agrava la cuestión y revela que la lotización italiana ha encontrado traducción catalana: el partido como propietario de una cuota del empleo público. Lejos de quedarse en "problema interno de Esquerra", como ha dicho el número dos del PSC, José Montilla, el asunto afecta de lleno al Govern, que entre otras cosas es quien nombra a los altos cargos.

Del tono de las cartas y explicaciones de sus dirigentes se deduce que ERC actúa en este terreno con la desenvoltura de un curtido partido clientelar, pero con argumentos grupusculares: según Puigcercós, lo que hay detrás de la denuncia es una campaña para forzar la adhesión de su partido al Estatuto; y según Bargalló, ERC está orgullosa de no financiarse con comisiones ilegales, sino "a través de las cuotas de los militantes y las aportaciones de sus cargos de responsabilidad".

Esto último es, como mínimo, equívoco. El grueso de la financiación de ERC, como la de la mayoría de los partidos, proviene de las cuantiosas subvenciones públicas que recibe: concretamente, según los últimos datos disponibles, en 2002 (cuando tenía un único diputado en Madrid y una docena en Cataluña) recibió por esa vía el 77,7% de sus ingresos totales; la aportación de los afiliados, unos 450.000 euros, supuso el 20% de los ingresos. Ahora, con 23 diputados en Cataluña y 8 en las Cortes, los ingresos en aplicación de la legislación sobre financiación de partidos serán, sin duda, muy superiores. Todos los ciudadanos contribuyen con sus impuestos a esa financiación, y es lógico que exijan explicaciones.