Un Estatut con muchos pasos por delante

La aprobación definitiva del nuevo Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana prevista para hoy en las Cortes Valencianas abre la puerta a un nuevo debate político sobre el desarrollo del autogobierno de los valencianos. Con el cava todavía frío y sin esperar a la publicación de la ley orgánica sancionada por el Rey en el BOE y en el DOGV, populares y socialistas tienen previsto ponerse manos a la obra para iniciar parte del desarrollo legislativo al que aboca el nuevo Estatut.

La reforma aprobada aconseja no retrasar demasiado la modificación de la ley Electoral Valenciana, la ley de Gobierno valenciano y el reglamento de las propias Cortes Valencianas, así como poner en marcha antes de que acabe la actual legislatura algún proyecto que demuestre que el nuevo Estatut ya ha empezado a dar sus primeros pasos de manera visible para la ciudadanía.

PP y PSPV quieren aprobar leyes que transmitan a la calle el alcance de la reforma

En total, las normas pendientes de desarrollo estatutario una vez entre en vigor el nuevo Estatut son 25 y se pueden dividir en tres bloques.

- Normas básicas de funcionamiento del autogobierno. Se trata de cuestiones esenciales para la regulación del autogobierno de los valencianos, que ya existen, pero que la reforma estatutaria obliga a adecuar porque cambia el número de diputados de las Cortes, suprime la limitación para crear consejerías e introduce cambios que obligan a reformar los mecanismos de funcionamiento democrático. Son cuatro: la ley electoral, la ley de Gobierno valenciano y ley de Consultas populares municipales, así como el reglamento del propio Parlamento.

- Creación de nuevos organismos. El nuevo Estatut prevé la creación por ley de un Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (una reivindicación socialista que formó parte del pacto adicional firmado entre el líder popular Francisco Camps y el socialista Joan Ignasi Pla tras consensuar la reforma estatutaria); un Consell de Justicia (que deberá esperar a que se modifique la legislación estatal); y un Comité Valenciano para Asuntos Europeos. Además, está prevista la creación de una Comisión Mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que puede realizarse por ley, aunque no hay obligación. El PSPV añade en este capítulo, pero no así el Partido Popular, la creación del Servei Tributari Valencià. Para los populares este servicio se equipara a la dirección general de Tributos de la Consejería de Economía, mientras que para los socialistas se trata de una Agencia Tributaria que gestionará importantes competencias una vez se modifique el modelo de financiación autonómica.

- Regulación de nuevas competencias. Este es el capítulo más amplio de todos y el que, con seguridad, necesitará de varias legislaturas para su desarrollo. Los socialistas ya han anunciado que su prioridad es la renta garantizada de ciudadanía, pero hay otras muchas como la ley de reconocimiento de las comunidades de valencianos en el exterior; la ley de acceso a documentos públicos; la Carta de Derechos Sociales (que con seguridad dará pie a nuevas leyes); la ley de Ayuda a familias con mayores, dependientes y discapacitados; la ley de regulación de ayudas al acceso a la vivienda; una ley de Investigación, Desarrollo e Innovación.

A estas leyes hay que sumar la ley de creación de la Policía Autonómica; la ley reguladora del Monasterio de Santa María de la Valldigna; la ley de creación de un Fondo de Cooperación Municipal; la ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, la ley de Desarrollo del Derecho Foral Valenciano, la ley de División Comarcal (que se tenía que haber desarrollado con el Estatut de 1982 y que ha quedado inédita) y la ley de Descentralización de Competencias a favor de los ayuntamientos.

A este ingente paquete legislativo hay que añadir la ley de Publicidad Institucional -que forma parte del compromiso firmado entre Camps y Pla- y que ha perdido interés tras la decisión del Consell de contratar últimamente las campañas publicitarias a través de fundaciones públicas. Una fórmula que permite una mayor opacidad.