¿Es el Estatut de la vergüenza?

Que el proyecto estatutario no sea plato de gusto para ciertos paladares, sean exquisitos o no, no debería llamar la atención. Si uno no ha sido tenido en cuenta en la negociación porque carece de expresión política propia, o teniéndola la misma carece de representación parlamentaria, tiene ancho campo para manifestar su discrepancia. Si uno, aun teniendo expresión política y representación parlamentaria, se encuentra con que la suya no ha sido socio mayoritario del acuerdo en parte porque es minoritario, y en parte porque la estrategia de su formación pasa por marcar distancias respecto de los grandes al efecto de afirmar el perfil político propio, es lógico que manifieste un cierto grado de escepticismo respecto de un texto en el que no tuvo arte ni parte. Que de ahí se siga la catarata de descalificaciones que sobre el texto ha caído, es lo que no me parece de recibo.

Que el Estatut tiene defectos no seré yo quien lo niegue, sin ir más lejos, establece el órgano y procedimiento para exigir responsabilidad a los diputados por las acciones desarrolladas en el ejercicio del cargo, eso sí, después de haberlos declarado inviolables y con ello exentos de responsabilidad legal por tales actos o, si se prefiere otra gaffe aun más seria, mediante un juego de remisiones se establece que los miembros del Gobierno serán inviolables por los actos que celebren en el ejercicio del cargo, lo que poco menos que imposibilita la exigencia de responsabilidad criminal en caso de prevaricación, pongamos por caso. No haber seguido el ejemplo gallego o el catalán, y no haber remitido el texto al Consell Jurídic Consultiu al efecto de mejorar su corrección técnica tiene, entre otras, esas consecuencias. Pero de ahí a que este sea un Estatut vergonzoso no media el mar sino el Océano (Pacífico, por supuesto). Buen método para apreciar la corrección del calificativo consiste en comparar el texto nuevo con el antiguo. Es cierto que ello exige leerse ambos y compararlos, trabajo penoso donde los haya, como bien se sabe, pero que tiene la virtud de sacar a la luz un buen puñado de preguntas pertinentes (y tal vez por eso no se leen).

Así queda muy bien criticar lo del idioma valenciano, novedad regresiva donde las haya... si no fuere porque la misma expresión se puede encontrar en el Estatut todavía vigente, sin que, al parecer, ello haya impedido ni la Llei d'Ús ni la de la AVL y las cosas que esta dice. Resulta estupendo poner verde que se haya sacado del Estatut la barrera electoral porque su determinación se deja a la Ley Electoral (valenciana), sin duda porque es criticable que la barrera deje de estar congelada en el Estatuto y su reforma deje de depender de un voto madrileño para depender exclusivamente de votos valencianos. Indudablemente eso es horrible, en especial desde una perspectiva valencianista. Sin duda, debe ser vergonzoso que se haya incluido en el nuevo texto la posibilidad de tener un derecho civil propio, cosa que apenas permitía el actual, y no cabe duda que la recuperación del propio derecho civil es particularmente vergonzosa: se debe a una iniciativa de la derecha. Debe ser igualmente vergonzoso que el nuevo texto prevea la creación de una policía autonómica, eso debe ser muy malo, en especial a la vista de las quejas manifestadas por los portavoces del PNV, que han expresado su descontento por el hecho de que "a esos" se les permita contar con una policía integral, y, además, reivindiquen la foralidad. Claramente inadmisible. Igualmente debe ser muy malo que se amplíe la competencia sobre enseñanza, que pasa a fijarse en los mismos términos que en el estatuto vasco. O que se amplíe la competencia autónoma sobre la organización de los centros hospitalarios, cosa rechazable para cualquier nacionalista que se precie, como bien se sabe.

Pero lo apuntado no es lo peor, lo que resulta claramente inaceptable es que el nuevo texto contenga un catálogo de derechos sociales nuevos que no están en el texto de 1982. Ya se sabe que la renta básica de ciudadanía es una medida profundamente reaccionaria y es claramente cavernícola el reconocimiento de la autonomía personal en el ámbito de los tratamientos hospitalarios, supone un anuncio de la censura la previsión de un Consejo del Audiovisual y resulta intrínsecamente regresivo que el nuevo Estatut acoja la disolución presidencial y, con ella, la posibilidad, hoy inexistente, de contar con un calendario político propio. En fin, para qué seguir.

Que el texto estatutario no es el que a uno le gustaría, y que adolece de serios defectos, técnicos unos, políticos otros, es algo que resulta evidente una vez uno ha tenido la santa paciencia de leer el Estatut. Empero, la cuestión no es esa, la cuestión es si nos hallamos ante un texto que mejora el precedente o no. Y me temo que defender que el Estatut de 2006 es peor, o igual, que el de 1982 es algo un tantico dificultoso. Criticar al proyecto actual y marcar las distancias respecto del mismo es algo legítimo, esperable y aun debido. La copla de la vergüenza sencillamente no lo es. Es cierto que buena parte de los críticos del lado de la vergüenza tienen excelentes motivos para expresarse como lo hacen, lo que no tienen es buenas y suficientes razones para hacerlo, y es de razones de lo que se nutren el "gobierno de la opinión" y la "democracia deliberativa". Agur jaunak.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.